Rescate indígena
La cuestión indígena, que de manera somera se abordó en este texto-tarea para la Universidad Autónoma de Chihuahua, es tema de actualidad en Tabasco. En la anterior entrega se dijo que "recientes propuestas del PRD en
la actual LX legislatura levantarán los polvos de aquellos lodos y bien merecen atención especial y mejores análisis que este texto".
Hay trabajo, pues, en primera instancia, para la Comisión de Asuntos Indígenas y Agrarios que preside el perredista Bernardo Barrada Ruiz e integran Fernando Morales Mateos, Lucila Domínguez Sánchez y Luis Felipe Madrigal Hernández, del PRI, y Alterio Ramos Pérez Péréz, también del PRD.
Si bien el acuerdo de la Junta de Coordinación Política del Congreso tabasqueño -presidida por el diputado priísta Juan Carlos Ocaña Becerra- tomado el 14 de enero pasado por las seis fracciones partidistas para establecer la agenda legislativa en este primer periodo legislativo, no enumera entre las 27 prioridades el tema indígena, ya ha habido propuesta por parte de legisladores del PRD para que se aborde y actualice.
En este texto-ensayo que se reproduce a raíz de publicaciones inexactas acerca de las reformas constitucionales quedó asentado, según el último parrado del inciso A, del artículo 2 constitucional, mencionado en la entrega anterior y que puede servir a los legisladores:
Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público.
El texto base continúa: fracción B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos.
Para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades, tienen la obligación de:
I. Impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno, con la participación de las comunidades. Las autoridades municipales determinarán equitativamente las asignaciones presupuestales que las comunidades administrarán directamente para fines específicos.
II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de las diversas culturas existentes en la nación.
III. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial para la población infantil.
IV. Mejorar las condiciones de las comunidades indígenas y de sus espacios para la convivencia y recreación, mediante acciones que faciliten el acceso al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos.
V. Propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria.
VI. Extender la red de comunicaciones que permita la integración de las comunidades, mediante la construcción y ampliación de vías de comunicación y telecomunicación. Establecer condiciones para que los pueblos y las comunidades indígenas puedan adquirir, operar y administrar medios de comunicación, en los términos que las leyes de la materia determinen.
VII. Apoyar las actividades productivas y el desarrollo sustentable de las comunidades indígenas mediante acciones que permitan alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, la aplicación de estímulos para las inversiones públicas y privadas que propicien la creación de empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su propia capacidad productiva, así como para asegurar el acceso equitativo a los sistemas de abasto y comercialización.
VIII. Establecer políticas sociales para proteger a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los jornaleros agrícolas; mejorar las condiciones de salud de las mujeres; apoyar con programas especiales de educación y nutrición a niños y jóvenes de familias migrantes; velar por el respeto de sus derechos humanos y promover la difusión de sus culturas.
IX. Consultar a los pueblos indígenas en la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los estatales y municipales y, en su caso, incorporar las recomendaciones y propuestas que realicen.
Sobre esto habrá tiempo de bordar cuando se discutan las reformas o se dé a conocer punto de acuerdo del Congreso de Tabasco sobre los indígenas que, por cierto, también existen, y no se enumera en la ley estatal citada, en el municipio de Huimanguillo.
LADO CLARO
Mejor no se puede explicar la lealtad consiste en compartir un solo proyecto, trabajar en una misma dirección y saber hacer equipo. Con estas palabras, en su discurso de ayer, el líder del Congreso, José Carlos Ocaña Becerra, reitera el llamado que Andrés Granier ha hecho recientemente a quienes integran su equipo.
Por eso es bueno el reconocimiento del diputado reciclado (único otra vez) del Partido Verde Ecologista de México, Pascual Bellizzia Rosique, acerca del trabajo legislativo actual y los acuerdos que la buena voluntad de los diputados de los seis partidos ha logrado en este primer periodo de esta Legislatura. El pevemista dijo: "Mientras que en la LVIII legislatura nos costó casi un año poder encontrar coincidencias y consensos, ahora arrancamos con esto en un mes".
Sobre esto, ayer mismo, en el discurso oficial por la Marcha de la Lealtad, Ocaña Becerra dijo: "demostramos que podemos debatir con respeto, que podemos coincidir en los grandes temas que interesan a Tabasco, sin que ello signifique deslealtad a un color o ideología".
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