Juicio de nulidad a consejeros destituidos
24 mayo, 2016
Publicado en el Diario de Chiapas
Daniel Aguilar / Diario de Chiapas
Después de que la Sala Superior del TEPJF confirmó la resolución del INE mediante la cual aprobó la destitución de tres consejeros electorales de Chiapas y solicitó la remoción de María de Lourdes Morales Urbina, así como Lilly de María Chang Muñoa, Jorge Manuel Morales Sánchez y María del Carmen Girón López -consejeros restantes- por incumplir con el principio de paridad de género en el registro de candidaturas durante el proceso electoral 2014-2015, los militantes y dirigentes del partido Encuentro Social, solicitan al INE dar el siguiente paso.Fueron, según, los destinatarios de las acciones fraudulentas, se manifestaron a favor de lo que resolvieron las y los magistrados del Tribunal Electoral de la Federación, pero no sólo eso, sino que piden al Instituto Electoral Nacional (INE), se pueda iniciar juicio de nulidad de todos los actos que generaron estas acciones que provocaron estas conductas delictivas, pues no sería congruente que la autoridad determine, que estos integrantes del OPLE Chiapas se condujeron de manera ilegal y que sus actos se mantengan firmes. Solicitar la nulidad de todo lo actuado sería un acto de justicia, por las condiciones inequitativas en las que tocó contender, toda vez que “todos tenían el deber de cumplir con idoneidad y profesionalismo la función estatal que tienen encomendada por mandato de la Constitución general de la República”.
“Basta para ello el hecho de que el Tribunal Electoral de la Federación reconozca que los integrantes del OPLE Chiapas incurrieron en conductas graves que trastocaron de forma especial el orden jurídico”, por tanto debe invocarse aquella locución latina que en derecho dice: ”La causa de la causa es causa del mal causado”, por lo que todos aquellos actos que aprobaron en su momento, estos integrantes destituidos, deberán quedar sin efecto y convocar a nuevas elecciones con los nuevos integrantes del OPLE Chiapas, esto sería sentar un precedente ejemplar, para que la sociedad volviese a confiar en los comicios e impedir que el ejecutivo del estado meta las manos en los próximos procesos electorales.
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