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Tiempo de Política

Salvador Fernández

Publicado en el Diario de Tabasco

Fiscalía, corrupción ciudadana

Durante las reuniones familiares, con amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc, el consenso de culpar de la inseguridad y falta de justicia es casi exclusivamente a las corporaciones públicas, de todas las siglas y niveles de gobierno.

Se evade la culpabilidad de infringir socialmente la ley para explicar por qué en el país y en el estado exista un nivel impunidad de más del 95 por ciento en la comisión de los delitos. Menos del cinco por ciento de los delincuentes son castigados.

No hay autocrítica social.

Para bailar y que haya impunidad se necesidad dos partes: la corrupción de las autoridades y de la ciudadana. El cohecho, el soborno, lo propone o aceptan los particulares. Lo permiten o condicionan las autoridades.

Cuando tenemos un problema con la justicia, lo primero que pensamos es “cómo lo resolvemos”, “qué amigos tenemos” para tentarlos al tráfico de influencias o “cuánto nos costará” solventar la falta.

En la delincuencia organizada quienes “lavan” el dinero, las ganancias ilícitas, son los empresarios –algunos-; son los ciudadanos quienes mayormente integran las bandas de secuestradores, de traficantes de personas, de robacoches, de asaltantes en casas habitación, los carteristas. Es común que los vecinos roben a sus vecinos.

Es innegable que elementos policiacos, ministeriales sean parte de las bandas o los protejan con su respectiva comisión. Es la explicación de su existencia. La corrupción añeja de las corporaciones prohijó mafias al interior de las instituciones creadas para brindar seguridad, procurar e impartir justicia.

El reto es revertir ese estado de cosas, limpiar la casa y con nuevos esquemas jurídicos y nuevos elementos humanos cumplirle a la sociedad, que a su vez tendrá que poner de su parte al ya no estimular la “mordida”, el soborno.

Nos gusta quejarnos de todo, pero no respetar la ley, para aplicar esa máxima popular: “la justicia que se haga, pero en las mulas del vecino”.

Ayer compareció ante el pleno del Congreso local el fiscal general del estado, Fernando Valenzuela. Reconoció que en la Fiscalía aún “hay de todo”, pero también “del lado de la población se alienta la corrupción”. Y quien diga que no, agregaríamos, tire la primera piedra.

Por ello, como ciudadanos debemos estar enterados qué se hace para cambiar las cosas y estar pendiente que se hagan bien, sin olvidar la contribución.

Alienta saber que existen ya 28 analistas especializados para sumarse al combate a la delincuencia.

De acuerdo con el fiscal Valenzuela Pernas, la reforma que dio paso de Procuraduría a Fiscalía del Estado, permitirá “La creación de una nueva estructura orgánica, capaz de atender la demanda ciudadana y responder eficazmente a la transición al nuevo sistema de justicia penal; un nuevo marco normativo orientado a mejorar la atención ciudadana y eficientar la investigación científica; e impulsar una nueva cultura organizacional, basada en metas y resultados”.

El cardenense empeña en este propósito su brillante trayectoria pública.

TIEMPO EXTRA.- En el marco del Foro de Perspectivas Económicas 2016 la diputada federal Georgina Trujillo Zentella destacó ayer la construcción en Tabasco de 5 mil kilómetros de oleoductos para sumar en tres años la cifra récord de 20 mil 938 kilómetros.

Esto es fundamental para la infraestructura de la industria del petróleo y gas y para la economía del estado porque implica una inversión de nueve mil millones de dólares.

Pondera la presidenta de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados que a partir de la producción del 34 por ciento de gas natural en el sureste, estarían dadas las condiciones para construir en Tabasco una central generadora de energía eléctrica con base en gas.

Lo anterior está plasmado en el Plan Quinquenal de la Secretaría de Energía.

TIEMPO FUERA.- Qué les sabrá el fiscal Fernando Valenzuela a los bravucones diputados Mario Llergo y Roger Arias que se asustaron y ayer no acudieron a su comparecencia. ¿Será el avance en la demanda por acoso sexual que existe en contra de Arias García y según lo afirmó la diputada Neyda García, la averiguación abierta a Llergo Laturniere por la autorización de recursos a dos cooperativas: “San Andrés Medellín” (presidida por un cuñado) y “San Nicolás” (encabezada por una sobrina) a quien le otorgó 600 mil pesos, cuando fue director de Desarrollo Municipal de Centro, en el bienio y cacho de Jesús Alí? ¿Y la autoridad moral de estos dos diputados ex priistas, pues? Al paso que van, legislarán desde el Creset.

Otra vez la justicia y la ley en las mulas del vecino.