Columna Democracia virtual
Publicado en http://www.democraciavirtual.mx
¿Y después de la anulación qué?
Una vez anulada la elección en el municipio de Centro, todos los partidos políticos y sus dirigentes prácticamente resucitan, pues tienen igualdad de oportunidades en un proceso extraordinario al que, en los términos de la sentencia, debe convocar el Congreso del Estado de Tabasco, para no caer en desacato del mandato emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Circuló en redes sociales, este viernes, un presunto fundamento constitucional que faculta al Congreso designar un Concejo Municipal que concluya el período respectivo (en el caso del municipio de Centro sería 2016-2018) si a juicio de la Legislatura no es posible celebrar una elección extraordinaria.
Al respecto, el diputado presidente de la Comisión de Justicia y Gran Jurado del Congreso del Estado, Rafael Acosta León, señaló que por las condiciones económicas difíciles que hay en Tabasco, podría no realizarse la elección extraordinaria en el municipio de Centro “y armar un concejo municipal de tres años y no de seis meses”.
El legislador, quien también es alcalde electo por el municipio de Cárdenas, indicó que la realización de una elección de este tipo, sólo para el municipio de Centro, equivaldría a erogar, por parte del Estado, más de 50 millones de pesos. Recursos que Tabasco no tiene, y, sobre todo, habría que tomar en cuenta las condiciones financieras que se avecinan a partir del 2016.
Acosta León argumentó que en Cárdenas, cuando Fernando Valenzuela Pernas compitió contra Wilson Gómez y se anuló la elección, el Congreso nombro a Wilson primer concejal en ese municipio por tres años; recordó también que en ese mismo trienio se dio la instalación de Consejos Municipales en Macuspana y Nacajuca.
Lo que tal vez el legislador no sepa es que la norma inferior no puede estar por encima de la norma superior, y, en este caso, el TEPJF ordena al Congreso del Estado convoque a elecciones extraordinarias en el municipio de Centro, cosa que, suponiendo sin conceder no se cumpliera, llevaría a la legislatura a caer en desacato y generaría un nuevo problema al estado, independientemente de todos los ya existentes.
Ahora bien, si el pretexto que buscan es la falta de recursos, hay que recordar que el proceso se invalidó desde el 15 de agosto del presente año; por lo tanto, la actual Legislatura tuvo todo el tiempo necesario para prever los recursos necesarios para una elección extraordinaria.
Ese dinero debe estar contemplado en el presupuesto de egresos de 2016. Si no lo hicieron es porque, a pesar de la gran cantidad que se les paga (150 mil pesos mensuales), los gana la irresponsabilidad y el servilismo a su jefe en turno y no al pueblo que les dio el cargo y los sacó de pobres. Una sentencia ejecutoria se acata, no se discute.
Si bien es cierto que el TEPJF señala al Consejo Municipal como culpable de la anulación y sus argumentos para revocar el triunfo a Gerardo Gaudiano fueron los mismos del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), relacionados con la falta de certeza y legalidad en el manejo de los paquetes electorales entregados fuera de tiempo, otros no entregados y una serie de inconsistencias, habría que ver cuál fue el desempeño del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).
Habría que ver cuál fue la responsabilidad de esa institución en el proceso del 7 de junio pasado, porque quienes estuvieron al frente del Consejo Municipal durante ese tiempo, César Ordaz Córdova y Oscar Fabela Rojas, tenían experiencia en por lo menos tres elecciones anteriores como para cometer las barbaridades que se les acreditan. Y una vez analizado todo el asunto, no sea que a “alguien” se le ocurra pedir juicio político para los consejeros y llevarlos a los tribunales por todo el cochinero que protagonizaron y que, a su vez, dio origen a la revocación de la elección de presidente municipal del 7 de junio.
Sassón
Lo que reveló este viernes Mario Llergo Latournieri, verdaderamente no tiene nombre. Cómo es posible que en un estado tan rico, donde la gente es tan pobre, los diputados locales ganen 150 mil pesos mensuales y todavía tengan la desvergüenza de negarlos, además de embolsarse más de medio millones de pesos como percepciones de fin de año. Solo es Tabasco puede pasar esto.
¿Y después de la anulación qué?
Una vez anulada la elección en el municipio de Centro, todos los partidos políticos y sus dirigentes prácticamente resucitan, pues tienen igualdad de oportunidades en un proceso extraordinario al que, en los términos de la sentencia, debe convocar el Congreso del Estado de Tabasco, para no caer en desacato del mandato emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Circuló en redes sociales, este viernes, un presunto fundamento constitucional que faculta al Congreso designar un Concejo Municipal que concluya el período respectivo (en el caso del municipio de Centro sería 2016-2018) si a juicio de la Legislatura no es posible celebrar una elección extraordinaria.
Al respecto, el diputado presidente de la Comisión de Justicia y Gran Jurado del Congreso del Estado, Rafael Acosta León, señaló que por las condiciones económicas difíciles que hay en Tabasco, podría no realizarse la elección extraordinaria en el municipio de Centro “y armar un concejo municipal de tres años y no de seis meses”.
El legislador, quien también es alcalde electo por el municipio de Cárdenas, indicó que la realización de una elección de este tipo, sólo para el municipio de Centro, equivaldría a erogar, por parte del Estado, más de 50 millones de pesos. Recursos que Tabasco no tiene, y, sobre todo, habría que tomar en cuenta las condiciones financieras que se avecinan a partir del 2016.
Acosta León argumentó que en Cárdenas, cuando Fernando Valenzuela Pernas compitió contra Wilson Gómez y se anuló la elección, el Congreso nombro a Wilson primer concejal en ese municipio por tres años; recordó también que en ese mismo trienio se dio la instalación de Consejos Municipales en Macuspana y Nacajuca.
Lo que tal vez el legislador no sepa es que la norma inferior no puede estar por encima de la norma superior, y, en este caso, el TEPJF ordena al Congreso del Estado convoque a elecciones extraordinarias en el municipio de Centro, cosa que, suponiendo sin conceder no se cumpliera, llevaría a la legislatura a caer en desacato y generaría un nuevo problema al estado, independientemente de todos los ya existentes.
Ahora bien, si el pretexto que buscan es la falta de recursos, hay que recordar que el proceso se invalidó desde el 15 de agosto del presente año; por lo tanto, la actual Legislatura tuvo todo el tiempo necesario para prever los recursos necesarios para una elección extraordinaria.
Ese dinero debe estar contemplado en el presupuesto de egresos de 2016. Si no lo hicieron es porque, a pesar de la gran cantidad que se les paga (150 mil pesos mensuales), los gana la irresponsabilidad y el servilismo a su jefe en turno y no al pueblo que les dio el cargo y los sacó de pobres. Una sentencia ejecutoria se acata, no se discute.
Si bien es cierto que el TEPJF señala al Consejo Municipal como culpable de la anulación y sus argumentos para revocar el triunfo a Gerardo Gaudiano fueron los mismos del Tribunal Electoral de Tabasco (TET), relacionados con la falta de certeza y legalidad en el manejo de los paquetes electorales entregados fuera de tiempo, otros no entregados y una serie de inconsistencias, habría que ver cuál fue el desempeño del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT).
Habría que ver cuál fue la responsabilidad de esa institución en el proceso del 7 de junio pasado, porque quienes estuvieron al frente del Consejo Municipal durante ese tiempo, César Ordaz Córdova y Oscar Fabela Rojas, tenían experiencia en por lo menos tres elecciones anteriores como para cometer las barbaridades que se les acreditan. Y una vez analizado todo el asunto, no sea que a “alguien” se le ocurra pedir juicio político para los consejeros y llevarlos a los tribunales por todo el cochinero que protagonizaron y que, a su vez, dio origen a la revocación de la elección de presidente municipal del 7 de junio.
Sassón
Lo que reveló este viernes Mario Llergo Latournieri, verdaderamente no tiene nombre. Cómo es posible que en un estado tan rico, donde la gente es tan pobre, los diputados locales ganen 150 mil pesos mensuales y todavía tengan la desvergüenza de negarlos, además de embolsarse más de medio millones de pesos como percepciones de fin de año. Solo es Tabasco puede pasar esto.
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