Los funcionarios de la Comisión Nacional de Derechos Humanos encabezados por el Primer Visitador Luis García López-Guerrero, quienes se encuentran en Tabasco para realizar una exhaustiva investigación de campo que permita determinar si se emite o no una recomendación a CFE, CONAGUA y Gobierno Federal tal y como lo solicitan en su queja por “Desplazamientos Forzados internos en el Estado de Tabasco, por parte de autoridades federales, estatales y municipales, crimen de Lesa Humanidad”, presentada por representantes de 51 comunidades del municipio de Centro ante la CNDH, deben contar con la garantía gubernamental de no ser presionados ni molestado durante el ejercicio de sus actividades, demandó el Senador Arturo Núñez Jiménez.
En entrevista con diversos medios estatales el Vicepresidente del Senado recordó que Tabasco ya recibió una recomendación de la CNDH, la CIAR 100, relacionada con el pago de indemnizaciones a pescadores y agricultores. Por lo que no sería extraño que si la Comisión Nacional de Derechos Humanos estudia a fondo la queja por desplazamiento forzados internos en el Estado de Tabasco que presentaron a nombre de los agraviados, los abogados Roberto Romero del Valle y Javier López Cruz, emita una nueva recomendación que incluya procedimientos administrativos de investigación en contra de aquellos servidores públicos de CFE, CONAGUA, Gobierno del Estado y del Municipio de Centro; la indicación para que éstas instancias paguen a precios actuales y de manera individual conforme al valor comercial en los términos de ley, el daño patrimonial y físico ocasionado a los afectados; la suspensión inmediata de los Desplazamientos Forzados, violatorios de los derechos humanos de los denunciantes, los que se llevaron a cabo, los que se están realizando y los que se pretendan realizar a futuro en localidades del Estado.
A pregunta expresa de que si la insolvencia económica declarada en días pasados por el Gobernador Granier podría ser obstáculo para el cumplimiento de una eventual recomendación, el Senador Arturo Núñez Jiménez respondió que la falta de recursos no puede ser pretexto para violar el Estado de Derecho. Y explicó que de acuerdo a datos consultados con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, este año, Tabasco sigue siendo la entidad que más participaciones federales recibe, toda vez que la media nacional es de 4 mil 400 pesos por habitante, mientras que el Gobierno de Andrés Granier recibe 8 mil 800 pesos por habitante, así que la insolvencia financiera decretada es una falsedad, puntualizó.
Reiteró su rechazo y oposición a que sean los tabasqueños más desprotegidos a quienes se les sacrifique con tal de salvar a Villahermosa. El Gobierno está obligado a defender y responder por todo Tabasco y cuestionó que no se haya seguido el modelo de Casablanca, donde se emitió previamente un decreto expropiatorio, se otorgó un período amplio a las familias para desalojar sus viviendas, se entablaron negociaciones para convenir sus liquidaciones o bien sus traslados a otras zonas habitacionales. Actuar como lo hicieron en Acachapan, los Medellines, Jolochero, El Tintillo y los Aztlanes, entre otras comunidades, confirma que fueron medidas improvisadas, tomadas al calor de la emergencia hidráulica, concluyó Núñez Jiménez.
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