Ojo Visor: Jacinto López Cruz / Columna / Sep 07

(Publicado en el Diario Rumbo Nuevo)
Jaclop62@hotmail.com

ALARMA SOCIAL

En los últimos días se ha comenzado a debatir entre la sociedad una iniciativa de decreto que se adiciona al Código Penal del estado de Tabasco, que en su calidad de jefe del Ejecutivo, envió al Congreso local el químico Andrés Rafael Granier Melo, para que en caso de ser aprobado sea penalizado como “alarma social”, la propagación, de manera dolosa, de información falsa que solo busca causar alarma, zozobra e intranquilidad entre la población, alterando con ello la paz social, además de que entorpece la labor de los órganos encargados de garantizar la seguridad pública y la procuración de justicia.

La iniciativa de decreto por el que se adiciona un capítulo VII denominado “Alarma Social” conformado por el artículo 367, correspondiente al título decimoctavo, relativo a los delitos contra la Seguridad Interior del Estado, del Código Penal para el estado de Tabasco, que fue recibida el pasado 16 de agosto del presente año en el Congreso local, cuyo contenido tendrá que ser revisado con toda acuciosidad por los legisladores que integran las fracciones parlamentarias para decidir lo conducente, pronto encontró el rechazo de quienes de manera sistemática y por consigna se oponen a todo lo que huela a gobierno, a todas las acciones que pudieran emprender las autoridades estatales para intentar garantizar la paz, la tranquilidad y la calma entre la población tabasqueña, que no ha escapado a la incursión de la delincuencia organizada, que por sus hechos violentos causa zozobra e intranquilidad , motivando que ello que esos mismos malquerientes del gobierno en turno que todo lo ven de manera negativa, que no aportan nada (ni ideas o planes) para la solución de los problemas, se lancen con todo lo que tienen a su alcance en contra de las mismas autoridades argumentando que nada han hecho para detener el avance de esa alta delincuencia, cuando a diferencia de otros estados, el gobernador Granier sí se ha fajado los pantalones y han dado la pelea, postura que ha servido para que las instancias policiacas hayan logrado importantes detenciones que se han dado a conocer a la opinión pública, más otros casos que han sido atraídos por la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia organizada, y aun así, este lacerante problema no se acaba, ni se acabará tan fácilmente

Como si realmente tuvieran temor de las acciones que realizan, esos que actúan por consigna en contra del gobierno estatal y le tiran a todo lo que huela a gobierno han comenzado a generar una psicosis, en el sentido de que el gobierno del estado de Tabasco busca silenciar o acallar la libertad de expresión a que tienen derecho todos los ciudadanos de éste país, consagrada en la Constitución General de la República y en la Constitución Política del estado de Tabasco, llamando a rechazar la llamada “Alerta Social”, porque entonces todo aquel ciudadano que disienta del gobierno, lo cuestione o señale actos que consideren que está mal, podría ir a la cárcel, lo cual es una falacia porque solamente lo están viendo por el lado sesgado, por el lado que les conviene, sin siquiera darle el beneficio de la duda a la adición que pretende establecer el gobierno estatal que busca frenar, no la libertad de expresión, como malosamente se pretende hacer creer, sino los abusos y los mensajes que se realizan en las redes sociales que de mala fe buscan crear una alarma generaliza o psicosis colectiva entre la población.

Tabasco no es el primer estado que busca frenar la forma dolosa en que actúan ciertas personas que conociendo de antemano que las redes sociales no están reguladas, nada los detiene para difundir información falsa o aviesas con el afán perverso de crear una alarma colectiva entre la población; en Veracruz dos twitteros están formalmente presos, no porque se les haya coartado su libertad de expresión, sino porque abusando de esa herramienta de comunicación, quizás con el afán de golpear al mismo gobierno estatal, cuando difundieron que un grupo de sicarios había llegado a una escuela, la había baleado y secuestrado a varios infantes lo que desató la histeria colectiva entre la población veracruzana, originando que en horas hábiles muchas personas salieran en estampida de sus centros de trabajo para ir en busca de sus hijos ante la alarma que se propagó en las redes sociales, lo que finalmente no resultó cierta, pero mientras el daño colectivo estaba hecho, entonces, ¿se debe aplicar o no la ley?, ¿se vale atentar contra la misma población generando una falsa alarma?.

Acá en Tabasco no hemos sido ajenos a esas falsas alarmas propagadas en las redes sociales; en semanas pasadas cuando se presentaron hechos violentos en la ciudad de Cárdenas a raíz de la incursión de la delincuencia organizada, corrieron versiones de todos tipo que generó una histeria colectiva y el llamado a no acudir a esa municipio porque todo estaba caliente. Se dijo que un grupo armado había llegado a una escuela y baleado a alumnos, que habían impuesto el toque de queda después de las diez de la noche y una serie de rumores que finalmente fueron desechados por las propias autoridades, pero el problema mayor es que en esos días de histeria colectiva el primer cuadro de la ciudad de Cárdenas lucía de manera desoladora. Y no es que se pretendiera esconder lo que allí estaba pasando con la delincuencia, porque son cosas que no se pueden ocultar, ya que en Tabasco al igual que varios estados del norte y del sureste de nuestro país, en mayor o menor grado, están sufriendo los embates de la delincuencia ante la actitud asumida por el gobierno federal de combatirlos frontalmente.

La iniciativa de adición del artículo 376 al Código Penal del Estado de Tabasco, enviada al Congreso local por el jefe del Ejecutivo para sancionar a quienes difundan información falsa para crear zozobra, incertidumbre, perturbar la paz pública o generar psicosis colectiva, no debe verse a la ligera por los grupos opositores, que por sistema, cuestionan o rechazan todo lo que huela a gobierno, puede tener sus pros y sus contras, pero esto tendrá que ser analizado por el Congreso local para realizar las adecuaciones necesarias, porque también tendrá que conocerse con certeza, que persona o personas difundieron una información perversa, carente de veracidad para que se le aplique la ley, tendrá que analizarse en que casos son responsables, porque no vaya a ser que la cuenta de redes sociales esté truqueada o ha sido hakeada para enviar desde ahí un rumor o de qué manera se descubrirá o se sabrá a qué persona responde los trolles que encubiertos en el anonimato, pululan en las redes para golpear a sus adversarios, en fin, tiene que haber una amplia definición y el sustento en que se basarán para castigar a quien realmente resulte responsable de difundir una falsa alarma que pegue de lleno en la población, porque el objetivo es evitar que se propaguen rumores para alterar la paz pública y no para coartar la libertad de expresión.

En su exposición de motivos el gobierno del estado establece que: “el escenario nacional se encuentra hoy en día convulsionado por el alarmante incremento de la violencia, ocasionada por los enfrentamientos entre bandas delincuenciales rivales, que se disputan el control territorial para poder llevar a cabo sus reprobables actos. Tabasco no es ajeno a esta dinámica nacional y, aunque en menor proporción, ha sido también escenario de diversos enfrentamientos, ejecuciones, y crímenes con el sello distintito de la delincuencia organizada, que se caracteriza por ejercer violencia desproporcionada en contra de sus víctimas.

Estos, hechos, desde luego que han causado en la sociedad tabasqueña, una sensación de peligro e inseguridad, pues a pesar de que las instituciones, tanto federales como locales, han asestado duros golpes a la delincuencia organizada, debilitando su estructura y dañando su capacidad operativa, persiste el sentimiento natural de temor entre la población. En las últimas fechas, esta sensación de temor e inseguridad se ha visto alimentada por la actividad malintencionada de personas, que aprovechando dicha sensación , generada por los múltiples y brutales crímenes que se han cometido en el Estado, difunden de manera dolosa y con el único afán de causar alarma en la sociedad y perturbar la paz social, a través de mantas, cartulinas, llamadas telefónicas y diversos medios orales, escritos o electrónicos, información falsa; alterando gravemente la paz social, además de entorpecer la labor de lor órganos encargados de garantizar la seguridad pública y la procuración de justicia.

Ante esto, el Estado no puede permanecer pasivo, pues dichos hechos perturban la tranquilidad, la paz, y la armonía en nuestra sociedad; por ello se considera indispensable legislar, creando un tipo penal que se refiera a dicha conducta y traiga consigo la punibilidad correspondiente a quien o quienes la realicen. Debe señalarse que ello de ninguna manera vulnera la garantía de libertad de expresión, pues es claro que todo ciudadano tiene el inalienable derecho de manifestar libremente sus ideas sin temor a represión alguna, sin embargo, cuando lo que se expresa no es sino una falsa realidad guiada con el único interés de causar pánico social, ésta conducta sí debe ser sancionada por atentar en contra de un bien jurídico tan preciado como lo es la paz social, de ahí que en aras de proteger a la sociedad de éste tipo de conductas, se propone la adición de un artículo 376 al Código Penal del estado de Tabasco”.

Por lo tanto se adiciona un capítulo VII denominado “Alarma Social” conformado por el artículo 367.- “ A quien por diversos medios orales, escritos, electrónicos, o de cualquier otro tipo, difunda información falsa con el ánimo de causar alarma , perturbar la paz pública o el orden constitucional, se le impondrá prisión de seis meses a cinco años y multa de cien a quinientos días”. Este es el asunto medular, que efectivamente tiene que ser analizado a conciencia por los legisladores.