Fuente: Diario Presente / Fecha de Pub: 26 de Agosto de 2011 en Villahermosa, Tabasco,
Agencia: SIT/ DIARIO PRESENTE / Por: Ana Castelán
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| Quienes causen falsas alarmas podrían hasta el reclusorio y tendrán que pagar una multa |
Hasta dos años de cárcel se impondrá a quienes utilicen el servicio telefónico, las redes sociales o cualquier medio de comunicación masiva, para dar aviso de alarma o emergencia falsa, provocando con ello la movilización de los servicios de emergencia o cuerpos de seguridad pública.
De acuerdo a un dictamen aprobado hoy en el seno de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, y que será votado en el pleno cameral el próximo martes 30 de agosto, los rumorólogos también se harán acreedores a una sanción económica de entre cincuenta hasta 300 días de salario mínimo.
El presidente de dicha comisión legislativa, José Dolores Espinoza May sostuvo que estas modificaciones al capítulo I BIS del Código Penal para el Estado de Tabasco, tienen como objetivo poner fin a la inconsciencia de muchos ciudadanos que llaman a los números de emergencia de la Cruz Roja, el Servicio Estatal de Urgencias y de Seguridad Pública, para dar una alarma falsa a fin de entretenerse en sus ratos de ocio o distraer a las autoridades.
Recordó que estas dependencias reciben diariamente alrededor de 500 llamadas de auxilio falsas cada una, lo que conlleva a la movilización de recursos materiales y humanos, que pueden ser destinados para socorrer a otra persona que verdaderamente lo necesita.
Dijo que de acuerdo a informes dados a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública, de 358 mil 134 llamadas que recibieron al número de emergencias del mes de enero a mayo del 2011, sólo 51 mil 933 fueron reales.
En cuanto al servicio de denuncia anónima 089, de 150 mil 431 llamadas sólo fueron reales siete mil 046, lo que significa que el 92 por ciento de estas llamadas telefónicas son falsas.
Espinoza May sentenció que estos datos fueron corroborados por el Centro Estatal de Comunicación y Cómputo (C4), organismo que señaló que esto ocasiona pérdidas económicas e imposilita brindar el aporto a quien realmente lo requiere.
Destacó que de acuerdo al Sistema Estatal de Urgencias (SEU) por cada uno de estos reportes falsos, se pierden dos mil pesos en promedio; situación que obligó al Congreso Local a efectuar esta reforma para adicionar al Código Penal un capítulo II, denominado De la Veracidad de las Comunicaciones a Los Servicios de Emergencias.
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