Niegan acusaciones Gustavo Rodríguez y Héctor Aguilar
Debido a que el delito que se les imputa no es considerado como grave, podrían salir pagando una fianza de aproximadamente 8 millones de pesos. (Foto: Rodrigo Magaña/El Heraldo de Tabasco)
El Heraldo de Tabasco
Héctor Andrés Trinidad
Villahermosa, Tabasco.- Gustavo Rodríguez Castro y Héctor Aguilar Alvarado, ex consejeros electorales del Instituto Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, negaron ayer las acusaciones en su contra en cuanto al fraude que supera los 32 millones de pesos por la adquisición de un edificio, y solicitaron a través de su defensa, la ampliación del término constitucional para demostrar su inocencia, independientemente de acogerse al artículo 20 de la Constitución, para no declarar.
Aprehendidos la tarde y noche del lunes, en diversos puntos de la ciudad, los dos exfuncionarios, ya a disposición de la juez sexto de lo penal, Guadalupe Cadenas Sánchez, escucharon de la imputación que se les hizo, tras la lectura de al menos 15 tomos que conformaron los datos precisos que valieron a que ellos fueran acusados del delito de ejercicio indebido del servicio público, por el cual tendrán la garantía de la libertad bajo fianza, por montos que van de los 8 a los 24 millones de pesos, cada uno.
Un expediente que nació desde el 2012, finalmente es puesto a disposición de una autoridad juzgadora que tendrá que demostrar la imputación de la autoridad investigadora y con ello, determinar la culpabilidad o no de los primeros dos asegurados, aunque se habla de que existen al menos otras 12 personas implicadas, entre estos, más ex consejeros electorales, y a los que se dijeron con oportunidad propietarios.
Aparecen quienes fueron propietarios del inmueble, en los casos de Gilberto Galassi Cevallos, Gilberto Galassi Almora y Graciela Cevallos Rodríguez, que recibieron por el predio 23 millones 172 mil pesos y otros 9 millones 428 mil pesos por el edificio, que hicieron la suma de 32 millones 600 mil pesos. Edificio que jamás ha sido puesto en funciones y que de acuerdo a la Contraloría Interna del IEPCT, el predio y construcción fue sobrevaluado, hecho por el cual dio vista al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), que fue quien procedió a la demanda penal en consecuencia a la reprobación de la cuenta pública 2011 del IEPCT por parte del Congreso del Estado.
En la declaración preparatoria de los detenidos, realizada ayer desde temprana hora, y que se prolongó hasta la tarde, debido a lo voluminoso del expediente al que se le dio lectura, a través de sus defensores particulares, estos acabaron acogiéndose al artículo 20 de la Constitución, en donde dijeron que no iban a declarar; iban a revisar a detalle el expediente y con ello, buscar defenderse, luego que señalaran eran inocentes.
Ante la duplicidad del término, de 72 a 144 horas, los defensores, buscaran aportar las pruebas que demuestren la inocencia de sus clientes y con ello, el que sean absueltos durante el término que marca la ley; ya sea, el auto de libertad o en su defecto, buscar por otro medio legal, especificamente la protección de la justicia federal, en caso de que sean declarados formalmente presos, por un auto de formal prisión.
Pero independientemente como venga la resolución, se habló ayer que los acusados tienen la garantía a la libertad bajo fianza, pues el delito no es agravado; tentativamente se habló de un pago por fianza de 8 millones de pesos en efectivo, o un depósito a través de un bien, que se triplica, es decir, una propiedad que a través de una afianzadora demuestre un valor superior a los 24 millones de pesos y una vez así, los detenidos podrán gozar de su libertad pero sujetos a proceso y con esto, el que no puedan abandonar el estado.
De acuerdo a la imputación en contra de los detenidos, se tiene que existe una penalidad de 2 a siete años de prisión y una multa de 30 a 300 días de salario mínimo; los detenidos permanecerán en prisión en lo que se analizan las valoraciones por parte de sus defensas mismas que podrán aportar durante el término de la constitución fijado; hechos que constan en el expediente penal 15/2015, abierto en contra de Rodríguez Castro y Aguilar Alvarado, no obstante, se dice que hay más órdenes de aprehensión vigentes.
Un expediente que nació desde el 2012, finalmente es puesto a disposición de una autoridad juzgadora que tendrá que demostrar la imputación de la autoridad investigadora y con ello, determinar la culpabilidad o no de los primeros dos asegurados, aunque se habla de que existen al menos otras 12 personas implicadas, entre estos, más ex consejeros electorales, y a los que se dijeron con oportunidad propietarios.
Aparecen quienes fueron propietarios del inmueble, en los casos de Gilberto Galassi Cevallos, Gilberto Galassi Almora y Graciela Cevallos Rodríguez, que recibieron por el predio 23 millones 172 mil pesos y otros 9 millones 428 mil pesos por el edificio, que hicieron la suma de 32 millones 600 mil pesos. Edificio que jamás ha sido puesto en funciones y que de acuerdo a la Contraloría Interna del IEPCT, el predio y construcción fue sobrevaluado, hecho por el cual dio vista al Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), que fue quien procedió a la demanda penal en consecuencia a la reprobación de la cuenta pública 2011 del IEPCT por parte del Congreso del Estado.
En la declaración preparatoria de los detenidos, realizada ayer desde temprana hora, y que se prolongó hasta la tarde, debido a lo voluminoso del expediente al que se le dio lectura, a través de sus defensores particulares, estos acabaron acogiéndose al artículo 20 de la Constitución, en donde dijeron que no iban a declarar; iban a revisar a detalle el expediente y con ello, buscar defenderse, luego que señalaran eran inocentes.
Ante la duplicidad del término, de 72 a 144 horas, los defensores, buscaran aportar las pruebas que demuestren la inocencia de sus clientes y con ello, el que sean absueltos durante el término que marca la ley; ya sea, el auto de libertad o en su defecto, buscar por otro medio legal, especificamente la protección de la justicia federal, en caso de que sean declarados formalmente presos, por un auto de formal prisión.
Pero independientemente como venga la resolución, se habló ayer que los acusados tienen la garantía a la libertad bajo fianza, pues el delito no es agravado; tentativamente se habló de un pago por fianza de 8 millones de pesos en efectivo, o un depósito a través de un bien, que se triplica, es decir, una propiedad que a través de una afianzadora demuestre un valor superior a los 24 millones de pesos y una vez así, los detenidos podrán gozar de su libertad pero sujetos a proceso y con esto, el que no puedan abandonar el estado.
De acuerdo a la imputación en contra de los detenidos, se tiene que existe una penalidad de 2 a siete años de prisión y una multa de 30 a 300 días de salario mínimo; los detenidos permanecerán en prisión en lo que se analizan las valoraciones por parte de sus defensas mismas que podrán aportar durante el término de la constitución fijado; hechos que constan en el expediente penal 15/2015, abierto en contra de Rodríguez Castro y Aguilar Alvarado, no obstante, se dice que hay más órdenes de aprehensión vigentes.
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