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Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado (SCT) mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción tanto a nivel interno como hacia afuera, una directriz que en los primeros dos años permitió dar de baja a 12 inspectores involucrados en este tipo de prácticas y eliminar las prebendas que se concedían a ciertos líderes del sector, advirtió el subsecretario de Transporte, William Castillo Ulín.
Rechazó de manera categórica que la dependencia sea condescendiente con este tipo de conductas, y dejó claro que ante cualquier señalamiento contra personal adscrito a la SCT, la institución ha realizado la investigación pertinente y ha actuado por la vía jurídica cuando la ocasión así lo ha exigido, pero sin lesionar los derechos laborales.
“No estamos para solapar a nadie, ni de la anterior administración ni de los que ingresen y se equivoquen; la mística en la Secretaría es cero tolerancia”, sentenció.
El funcionario estatal hizo referencia a algunas situaciones de “pirataje” señaladas en el servicio de taxis.
Explicó que muchas de las unidades que hoy circulan de manera pirata han logrado amparos a la luz de documentos o información falsa con la que engañan a los jueces de distrito o a los magistrados de lo contencioso administrativo, pero de ninguna manera, atajó, quiere decir que la SCT Tabasco sea tolerante con ello.
Castillo Ulín recordó que sin complicidades la actual gestión ha denunciado oportuna y públicamente todas las cosas que no funcionan en el sector, y un ejemplo de esa postura, precisó, es el proyecto del TransBus, puesto en marcha por la anterior administración bajo un modelo mal diseñado y sin reglas claras que hoy lo tiene sumido como una empresa sin viabilidad económica siquiera para operar o responder a las exigencias de movilidad de los usuarios.
Es inexplicable que un proyecto como el TransBus en el que se invirtieron muchos millones de pesos, lo hayamos encontrado desde inicio de 2013 como una empresa quebrada, con la gran parte de sus autobuses en mal estado y sin dinero para dar un mantenimiento adecuado a sus unidades y mucho menos para renovarlas, señaló.
El subsecretario de la SCT dijo que el TransBus es ejemplo de una política pública inviable, sin sustentabilidad ni sostenibilidad. Cuando desde la autoridad anterior –clarificó– se les pagaban enganches, mantenimiento y nómina, todo, no se puede decir que sea un modelo exitoso, no se vale tratar de engañar a la gente, aseveró.
Hizo ver que gran parte de los señalamientos esgrimidos contra la dependencia provienen de ciertos liderazgos del sector, que al ver afectadas sus componendas buscan desvirtuar toda la gran labor de modernización administrativa que se ha logrado en los dos primeros años del gobierno del cambio.
Aseveró que para sanear a la dependencia, una de las más señaladas por cuestiones de corrupción en el sexenio anterior, la actual administración impulsa una transformación verdadera en el sector a través de una nueva Ley de Transporte.
William Castillo agregó que mediante el nuevo ordenamiento jurídico se pretende incidir en procesos más transparentes, eliminando prácticas discrecionales o de control político que sobre el gremio mantuvieron autoridades de anteriores regímenes.
Antes era algo común que quienes estaban al frente de la dependencia manejaban a su antojo los liderazgos y los utilizaban para fines políticos o de otra índole que en nada abonaban al interés común, clarificó.
Villahermosa, Tabasco.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes del estado (SCT) mantiene una política de cero tolerancia a la corrupción tanto a nivel interno como hacia afuera, una directriz que en los primeros dos años permitió dar de baja a 12 inspectores involucrados en este tipo de prácticas y eliminar las prebendas que se concedían a ciertos líderes del sector, advirtió el subsecretario de Transporte, William Castillo Ulín.
Rechazó de manera categórica que la dependencia sea condescendiente con este tipo de conductas, y dejó claro que ante cualquier señalamiento contra personal adscrito a la SCT, la institución ha realizado la investigación pertinente y ha actuado por la vía jurídica cuando la ocasión así lo ha exigido, pero sin lesionar los derechos laborales.
“No estamos para solapar a nadie, ni de la anterior administración ni de los que ingresen y se equivoquen; la mística en la Secretaría es cero tolerancia”, sentenció.
El funcionario estatal hizo referencia a algunas situaciones de “pirataje” señaladas en el servicio de taxis.
Explicó que muchas de las unidades que hoy circulan de manera pirata han logrado amparos a la luz de documentos o información falsa con la que engañan a los jueces de distrito o a los magistrados de lo contencioso administrativo, pero de ninguna manera, atajó, quiere decir que la SCT Tabasco sea tolerante con ello.
Castillo Ulín recordó que sin complicidades la actual gestión ha denunciado oportuna y públicamente todas las cosas que no funcionan en el sector, y un ejemplo de esa postura, precisó, es el proyecto del TransBus, puesto en marcha por la anterior administración bajo un modelo mal diseñado y sin reglas claras que hoy lo tiene sumido como una empresa sin viabilidad económica siquiera para operar o responder a las exigencias de movilidad de los usuarios.
Es inexplicable que un proyecto como el TransBus en el que se invirtieron muchos millones de pesos, lo hayamos encontrado desde inicio de 2013 como una empresa quebrada, con la gran parte de sus autobuses en mal estado y sin dinero para dar un mantenimiento adecuado a sus unidades y mucho menos para renovarlas, señaló.
El subsecretario de la SCT dijo que el TransBus es ejemplo de una política pública inviable, sin sustentabilidad ni sostenibilidad. Cuando desde la autoridad anterior –clarificó– se les pagaban enganches, mantenimiento y nómina, todo, no se puede decir que sea un modelo exitoso, no se vale tratar de engañar a la gente, aseveró.
Hizo ver que gran parte de los señalamientos esgrimidos contra la dependencia provienen de ciertos liderazgos del sector, que al ver afectadas sus componendas buscan desvirtuar toda la gran labor de modernización administrativa que se ha logrado en los dos primeros años del gobierno del cambio.
Aseveró que para sanear a la dependencia, una de las más señaladas por cuestiones de corrupción en el sexenio anterior, la actual administración impulsa una transformación verdadera en el sector a través de una nueva Ley de Transporte.
William Castillo agregó que mediante el nuevo ordenamiento jurídico se pretende incidir en procesos más transparentes, eliminando prácticas discrecionales o de control político que sobre el gremio mantuvieron autoridades de anteriores regímenes.
Antes era algo común que quienes estaban al frente de la dependencia manejaban a su antojo los liderazgos y los utilizaban para fines políticos o de otra índole que en nada abonaban al interés común, clarificó.
El subsecretario de Transporte acentuó que hoy la ley del ramo impide a los actuales funcionarios obtener concesiones o permisos en la materia para “terminar siendo socios del TransBus, o taxistas o pochimovileros”.
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