01/03/2015 08:00 Juan Carlos Rodríguez / Publicado en el Diario Excélsior
CIUDAD DE MÉXICO, 1 de marzo.- El dictamen aprobado el jueves pasado por la Cámara de Diputados para crear el Sistema Nacional Anticorrupción señala que la participación de los municipios será clave para el éxito de la estrategia. No obstante, más de la mitad de los gobiernos locales carece de la fortaleza institucional necesaria para aplicar buenas prácticas administrativas.
De acuerdo con el Diagnóstico del Desarrollo Institucional Municipal, publicado la semana pasada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mil 418 municipios tienen un nivel “medio”, “bajo” o “muy bajo” en materia de capacidad administrativa y transparencia, lo cual equivale a 58 por ciento de las dos mil 441 demarcaciones.
22 POR CIENTO DE LOS MUNICIPIOS TIENE UN ÁREA DEDICADA EN ESPECÍFICO A LA TRANSPARENCIA.
En contraste, sólo 245 municipios tienen un desempeño “muy alto” y otros 354 tienen una calificación de “alto”, lo que equivale a 25 por ciento del total; 424 gobiernos locales tienen un índice “medio-alto”, equivalente a 17 por ciento.
La entidad con el mayor porcentaje de municipios con bajas calificaciones en materia de fortaleza institucional es Oaxaca, pues 73.5% de sus 570 demarcaciones tienen un desempeño “bajo” y “muy bajo”. En el otro extremo está Baja California, donde cuatro de sus cinco municipios tienen el índice “muy alto” y el otro califica como“alto”.
Insuficiencia y fragilidad
“El municipio es el orden de gobierno más cercano a la sociedad, responsable de proveer a la población los servicios públicos”, refiere el documento. “Sin embargo, los ayuntamientos presentan insuficiencias en sus capacidades institucionales, las cuales han limitado un mayor impacto del proceso de descentralización de funciones”, subraya.
Otro dato que ilustra la fragilidad de los municipios en la rendición de cuentas es que sólo 544 gobiernos locales tienen un área administrativa dedicada específicamente a la transparencia y acceso a la información, lo que equivale a 22% de municipios.
245 municipios tienen evaluaciones de “muy alto” en el estudio de la Auditoría Superior.
El reporte de la ASF revela que, aunque los ayuntamientos están obligados a entregar a la Secretaría de Hacienda un formato donde registran las acciones y obras realizadas con recursos federales, 49% rindió cuentas sobre el Fondo para la Infraestructura Social de los Municipios (FISM); sólo 38% explicó en qué se gastó el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), y 43% aclaró en qué invirtió el Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun).
El organismo fiscalizador destaca que “la normativa que regula estas disposiciones no incluye sanciones en caso de incumplimiento, por lo que su entrega obedece a la voluntad de los gobiernos municipales”.
Mayoría, sin vigilancia interna
El proyecto, aprobado por los diputados y que ahora será revisado por el Senado de la República, establece que “los entes públicos federales, estatales y municipales tendrán órganos internos de control facultados para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción a que se refiere esta Constitución”.
48 por ciento de las demarcaciones tiene órganos de control interno.
Sin embargo, la realidad municipal deja mucho que desear. Según el documento de la ASF, sólo mil 130 municipios del país tienen un órgano de control interno, lo que equivale a 48% de las demarcaciones.
De igual forma, sólo en 672 municipios los órganos de control interno realizan análisis de los procesos de trabajo y servicio de las áreas, y se generan propuestas de mejora. Es decir, apenas 28.9% del total se preocupa por hacer más eficientes sus métodos de trabajo y rendición de cuentas.
El control interno es un proceso administrativo cuya finalidad es enfrentar los riesgos y dar una seguridad razonable al logro de los objetivos de los municipios. Este proceso representa una autovigilancia que dota de eficacia a las operaciones; otorga confiabilidad a la información financiera; garantiza que las entidades cumplan con las leyes aplicables y vigila la adecuada actuación de los servidores públicos municipales.
Entre 2007 y 2012, la ASF realizó auditorías a los órganos de control interno municipales para saber cómo se desempeñan en el manejo de los recursos federales.
El resultado fue que sólo 8.5 por ciento de las áreas municipales encargadas de la eficiencia financiera tuvieron un desempeño “satisfactorio”, 62 por ciento tuvieron una calificación “regular” y 28 por ciento fueron evaluados como “deficientes”.
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