Por: Gonzalo Ruiz Glori
Tabasco el Edén de la corrupción
En julio pasado, el Senado de la República aprobó con 116 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, con la finalidad de abatir la impunidad y corrupción enquistada en los tres órdenes de gobierno.
El Congreso de la Unión donde están representados los 32 estados de la República Mexicana votó y validó dicha Ley con el propósito de establecer mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate al cohecho en la Federación, entidades federativas y municipios.
La idea esencial que los legisladores plasmaron en la citada Ley, fue la de establecer las bases mínimas para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas; dio un paso muy importante para combatir la corrupción en México.
Esta norma contempla la creación del Sistema Nacional Anticorrupción que se debe integrar por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los sistemas locales de las entidades federativas.
Tras la aprobación de las siete leyes que componen el Sistema Nacional Anticorrupción, el paso siguiente es la homologación o armonización de las leyes locales o estatales con dicha Ley, para dar inicio al combate homogéneo de la lucha contra la corrupción e impunidad.
La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción establece en su artículo cuarto transitorio que después de la publicación de las nuevas leyes, las legislaturas estatales deben expedir o adecuar sus leyes, para crear el sistema estatal anticorrupción en un periodo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor de la Ley en comento.
Al parecer Arturo Núñez gobernador de Tabasco y su lacayo José Antonio de la Vega al que impuso como líder espurio del Congreso Local no han entendido que México ya decidió que se debe luchar contra la corrupción y la impunidad.
El Gobierno de Tabasco en contubernio con la mayoría perredista construida en el Congreso Local decidieron ir en contra de lo que estableció el Congreso de la Unión, por eso, no homologaron las leyes estatales con la Ley Anticorrupción, el plazo para hacerlo venció el 15 de enero del 2017.
Estamos ante el desacato de un mandato constitucional, y por supuesto que ese desacato debe ser sancionado, pues es causal de un juicio de procedencia, a lo que definitivamente está expuesto en estos momentos el ilegítimo Presidente del Congreso de Tabasco, en su calidad de responsable de esa institución.
Es sabido que nuestra legislación contempla los casos en que se incumple la ley, y más, donde hay un desacato de orden constitucional; sabemos que un desacato es causal de un juicio de procedencia, que puede ser sancionado con el desafuero de quienes la desobedecen.
En Tabasco estaríamos en crisis, si por el desacato en comento, se diera el supuesto de proceder en contra de todos los integrantes de la Cámara de Diputados Local, pues si todos los legisladores fueran objeto de esta sanción, se tendría que llamar a sus suplentes, pero en realidad el responsable es el Presidente del Congreso.
Estamos ante un grave caso de orden legal, y más aún, de pequeñeza moral, porque José Antonio de la Vega Asmitia protestó el hacer cumplir las leyes, y si no que la nación se lo demandaré, y todos sabemos que en el Congreso de Tabasco no procede nada sin su autorización.
Pepe Toño, como le llaman sus amigos, en éste caso en particular, pudo haber decidido en su arrastrado servilismo no acatar el mandato constitucional, o caso contrario el espurio líder del Congreso Local acató una instrucción del gobernador.
En cuanto al juicio de procedencia la Ley establece que es una causal: "Cualquier infracción a la Constitución o a las leyes federales cuando cause perjuicios graves a la Federación, a uno o varios estados de la misma o de la sociedad, o motive algún trastorno en el funcionamiento normal de las instituciones".
De igual forma establece que: "Los gobernadores de los estados, los diputados de las legislaturas locales y los magistrados de los tribunales superiores de justicia locales podrán ser sujetos de juicio político por violaciones graves a la Constitución General de la República, a las leyes federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales".
Y establece también que: "Corresponde al Congreso de la Unión valorar la existencia y gravedad de los actos u omisiones. Cuando éstos tengan carácter delictuoso se formulará la declaración de procedencia y se estará a lo dispuesto por la legislación penal".
De igual forma establece que: "Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad, podrá formular por escrito denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados por las conductas antes señaladas".
Todo lo anterior, hace pensar que el primer interesado en que la Ley en materia de corrupción no se cumpla, es desgraciadamente el Gobernador de Tabasco, porque es notoria su complacencia para que en el estado no se haya homologado las leyes en comento.
Esta situación deja claro que Arturo Núñez no tiene la intención de luchar contra la corrupción, lo que hace pensar que forma parte activa de ella; quizá por eso, no tiene ni la más mínima pretensión de hacer la iniciativa o propuesta de las reformas que debieron presentar.
Esos "olvidos" de lo que marca y ordena la reforma, son resultado de una indolencia total y más aún, de un desconocimiento de las leyes y los tiempos que rigen en el país; los titulares del poder ejecutivo y legislativo de Tabasco se conducen autoritariamente, con soberbia y abuso del poder, han de creer que pueden pasar por encima de la Ley
De la Vega, está en lo suyo, quiere ser Gobernador, y es notorio que en su desesperación por posicionarse hacía el 2018, olvida lo fundamental, la transparencia y el buen ejercicio de los recursos públicos, que, en Tabasco, es algo desconocido por los funcionarios del "Cambio Verdadero", pero demandado por la mayoría de los tabasqueños.
A menos, claro está, que, para esa precampaña electoral, utilice a como se ve, los recursos públicos de los cuales no se informa de manera clara el destino.
La secretaria de la Contraloría y el Órgano Superior de Fiscalización del Estado, son dos entes que, en lugar de auditar verdaderamente, solo actúan conforme a lo que dicten sus amos, Arturo Núñez y José Antonio de la Vega.
Pobre Tabasco, estos 4 años han sido de oscurantismo legal, y de falta de transparencia, el vaso en Tabasco, no está limpio, pero si a punto de rebosar; el pueblo no olvida, por la corrupción y el estado en que tienen a la entidad seguramente le cobrará factura al PRD-Gobierno. Hasta la próxima entrega.
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