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Los rostros de los otros desaparecidos de Guerrero

Excélsior documenta los casos de 25 personas de las cuales no se sabe nada desde hace años. Tampoco figuran en el clamor de justicia de las recientes protestas

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30/11/2014 08:04  Claudia Solera / Publicado en el Diario Excélsior

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La Secretaría de Gobernación cuenta con un Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas en el que están disponibles estadísticas relacionadas con la desaparición de personas. La última actualización se hizo en octubre pasado.

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de noviembre.- Estos son 25 casos de desaparecidos en Guerrero. Hace más de dos años se desconoce el rastro de la mayoría, pero hasta hoy se escribe sobre ellos. A aquellos que son padres —casi la mitad de este listado— sus hijos los esperan en casa.

No se ofrecen recompensas y en las marchas aún no se escucha un clamor por los otros desaparecidos.

En los municipios del norte de Guerrero, como Iguala, en el caso de los normalistas de Ayotzinapa, sucedieron casi todos los raptos y después en Cocula y Huitzuco.

Aunque el perfil de los desaparecidos es de hombres comerciantes, campesinos o albañiles, también existen raptos de estudiantes. La joven de 15 años María Guadalupe Salmerón Castro desapareció saliendo de la preparatoria en Ayutla.

Las víctimas al momento de su desaparición tenían en promedio 28 años. La mayoría fueron secuestrados entre los años 2012 y 2014.

Las únicas quienes buscan a Érick Daniel Carrera Rodríguez, a Alejandro Sánchez Contreras, a Pedro García Castrejón, a Fabiola Román Osorio, a Usiel Chavez y a Joel Galicia Mora, son sus madres, quienes prefirieron callar por la ausencia de sus hijos y quedarse sin un acta ministerial por miedo a las represalias.

Pero para algunos padres, como si no fuera suficiente perder a un hijo, tienen a más de uno desaparecido.

Don Jaime busca a sus dos hijos, José Alberto García Valverde y a Adilene García Valverde, de 21 y 19 años, respectivamente. Un comando se llevó a los jóvenes tras salir de una taquería en Cocula. Doña Vicenta Hernández ha seguido varios rastros para encontrar a sus hijos Daniel Gómez Hernández, de 23 años, y a Nazario Gómez Hernández, de 38 años, el primero desapareció en marzo de 2013 y el otro en febrero de este año.

Por recuperar a Daniel, doña Vicenta, a través de diferentes préstamos juntó los 100 mil pesos que criminales le exigieron ir a entregar a Cocula para devolverle a su hijo, pero todavía sigue sin tener noticias de él, pese a que realizó el pago.

Yo me quedé bien endrogada y aún no termino de pagar el rescate de m’ijo, porque gano muy poquito lavando y planchando”, contó doña Vicenta a Excélsior.

Así como doña Vicenta, los padres aseguran que están dispuestos a todo para recuperar a sus hijos desaparecidos.

Gerardo Alcocer Dorado lleva 19 meses buscando por todos lados a su único hijo, Gerardo Alberto de 28 años. Se ha sometido a dos pruebas de ADN, una con las autoridades estatales y otra con la Procuraduría General de la República (PGR), y está en espera de una tercera con la organización civil Ciencia Forense Ciudadana con tal de tener más opciones para encontrarlo.

No quiero que se desintegre por ahí mi hijo sin saber en dónde está. No soporto estar sin él”, expresó don Gerardo.

La familia Rodríguez Fernández envió una carta al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, explicándole la difícil situación que se vivía en Iguala, antes de la desaparición de los normalistas y para que los ayudara a recuperar al empresario secuestrado, Octavio Rodríguez, dueño de un importante negocio de grúas en el municipio, pero jamás obtuvieron respuesta.

Por Alejandro Sánchez Contreras, su tía llegó hasta la Policía Municipal de Iguala, donde le llegó el rumor que tenían a su sobrino y se les arrodilló a los oficiales para que se lo devolvieran, pero la corrieron del lugar y le aconsejaron mejor no buscarse más problemas.

Las acciones de los familiares con tal de hallar a los otros desaparecidos, no se ha limitado en pagar rescates, someterse a varias pruebas ADN, enviar cartas al Presidente o exigir ante las autoridades, sino que ya hasta los cerros de Iguala comenzaron a explorar para obtener algún indicio de sus hijos entre las fosas.

Los familiares de Tomás Vergara Hernández, de César Iván González Sotelo, de los hermanos García Valverde, de Érick Daniel Carrera desde hace más de una semana caminan entre las fosas con barretas y palas para ver si entre los muertos encuentran a sus hijos o hermanos perdidos.

Estos sólo son 25 casos de los más de 170 desaparecidos en Guerrero, que se registraron tan sólo en las últimas tres semanas en la Parroquia de San Gerardo, en el municipio de Iguala.

Procedimientos

El viernes fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Reglamento de la Ley General de Víctimas:

• El reglamento indica que corresponde a la Comisión Ejecutiva elaborar anualmente el proyecto de Programa de Atención Integral a Víctimas, que debe contener estrategias generales, líneas de acción y metas que permitan crear, reorientar, dirigir, planear, coordinar, ejecutar y supervisar las políticas públicas en materia de atención a víctimas.
• La Comisión Ejecutiva puede consultar a las comisiones ejecutivas de las entidades federativas, así como a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a la PGR respecto a sus propuestas para la elaboración del programa.
• Asimismo, debe propiciar la participación de las organizaciones de la sociedad civil, a fin de tomar en consideración sus propuestas para la elaboración del Programa.
• El reglamento detalla la coordinación de las autoridades para la atención de las víctimas, entre otros puntos,
• La Procuraduría General de la República (PGR) publicó su protocolo para la búsqueda y localización de personas desaparecidas:
• La PGR tiene una Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
• Dicha unidad fue creada apenas el 21 de julio de 2013, se describe en el acuerdo A/066/13 publicada en el Diario Oficial de la Federación y depende de la Subprocuraduría de Derechos Humanos.
• Dicho acuerdo en su párrafo sexto indica que La Ley General de Víctimas, en su artículo 21 “establece que el Estado, a través de las autoridades respectivas, tiene la obligación de iniciar, de inmediato y tan pronto como se haga de su conocimiento, todas las diligencias a su alcance para determinar el paradero de las personas desaparecidas, así como instrumentar protocolos de búsqueda conforme a la legislación aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte.
• El protocolo para la búsqueda de un desaparecido opera en tres rubros: En lo inmediato, tras una declaración inicial y seguimiento de pistas para la localización. A continuación se describen:
• Inmediatamente: En cuanto el agente del Ministerio Público tenga conocimiento de la desaparición de una persona “deberá iniciar la averiguación previa correspondiente, desterrando la nociva práctica de recomendar a los denunciantes que esperen tres, cinco u ocho días para que la competencia no sea un argumento para evadir la obligación de iniciar la investigación de búsqueda”, indica información de la Subprocuraduría entregada vía transparencia.
• Declaración inicial: Implica un relato pormenorizado de circunstancias, tiempo, modo y lugar en que se efectuó la desaparición; identificar el último lugar en el que estuvo la víctima, identificar la última llamada telefónica; indagar si existió alguna detención por parte de la autoridad local o federal; conocer si la desaparición se denunció ante otra autoridad, realizar un rastreo hospitalario y en centros forenses una vez que se tengan las características físicas del desaparecido.
• La autoridad debe indagar si en la zona existen cámaras de videograbación y si hay otras denuncias por desaparición que pudieran tener relación con la víctima y conocer si la víctima fue detenida por algún miembro de una corporación policial. En este caso, se debe conocer los nombres de los policías asignados a la zona de la desaparición y se debe realizar una inspección del lugar en que se tenga noticia de que se realizó la desaparición.
• Inspección: La autoridad debe realizar entrevistas a compañeros de trabajo y familiares del desaparecido y otros procedimientos.
• Obtener el registro de las llamadas más cercanas al momento de la desaparición y las realizadas con posterioridad, y en el caso de la telefonía con GPS se debe obtener la geolocalización.
• Se debe obtener la información sobre la existencia de un grupo criminal en la zona de la desaparición.
• La autoridad encargada debe recomendar a los familiares que no cancelen el servicio telefónico ni tarjetas bancarias para identificar a las personas que hacen mal uso de ellas y hacer un seguimiento bancario y telefónico.
• Con dicha información, se debe elaborar una red de vínculos de sospechosos cuando sea factible y durante la investigación se debe evitar la rotación de agentes del Ministerio Público y policías asignados con la investigación de los casos de desaparición.
• En caso de que se sospeche que la desaparición se efectuó en un bar o antro se debe impulsar la clausura administrativa de los negocios.
• La autoridad debe elaborar líneas de investigación, programar diligencias, evaluar resultados y buscar la participación de los familiares en las evaluaciones e informarlos de los resultados de la investigación, entre otros.