Vigilar ruta de recursos que de los partidos políticos
Luis Carlos Ugalde advirtió que el gran reto en materia de transparencia y rendición de cuentas se encuentra en seguir la ruta del dinero que reciben los partidos políticos, pero no la vía de ministraciones, sino por donaciones privadas
Luis Ruiz Sandoval Frade
Rumbo Nuevo
Publicado en el Diario Rumbo Nuevo
El ex consejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, advirtió que el gran reto en materia de transparencia y rendición de cuentas se encuentra en seguir la ruta del dinero que reciben los partidos políticos, pero no la vía de ministraciones, sino por donaciones privadas.
Y es que, dijo, por cada peso de origen público que tienen los partidos, hay cuatro más que no se reportan a la autoridad electoral.
Indicó que en México la transparencia no está en simular la rendición de cuentas, además de que se ha logrado mayor transparencia para un país con cada día más corrupción, pues dijo que no existen sanciones para los funcionarios o sujetos obligados que no informan correctamente en qué se gastan el presupuesto o los recursos públicos.
Agregó que más del 70 % de los partidos políticos obligados a informar respecto a cómo aplican los recursos que se les destinan, no lo hacen, lo cual requiere atención urgente, pues es un peso importante de dinero que no se sabe en dónde va a parar.
Al participar como ponente en un foro que organizó el ITAIP que se verificó en Tabasco, destacó que el problema aumenta, en las épocas electorales. En ellas, los gobiernos absorben hasta los costos de representantes de casillas.
“Hasta hoy, la mayor transparencia de los partidos ha tenido poco impacto respecto de los fondos que se gastan en campañas. Estos recursos se dan en bolsas a la una de la mañana. Por eso, en lugar de una comisión anticorrupción hay que ver cómo atacar los problemas de origen y concentrarse en tareas de inteligencia financiera”.
Estas aportaciones, indicó, generan compromisos y propician un efecto de corrupción. Recordó que un funcionario de quien no dio detalles le confió que en el primer año de gobierno en un municipio se tuvieron que otorgar contratos para pagar las donaciones recibidas en campaña; el segundo año se “tuvieron que hacer bolsitas para la campaña a gobernador y el tercer año para campaña presidencial”.
La dificultad de ubicar estos recursos se debe a que les dan dinero en efectivo, “son varios millones de pesos y desconocemos qué montos se mueven a campañas, es un problema mayor. Los ejercicios de fiscalización se hacen con base en los informes, pero el grueso de los gastos de campaña no se reporta, no se fiscaliza”.
Dijo que la reforma constitucional en transparencia debe clarificar los alcances, es decir, si los grupos parlamentarios están obligados a rendir cuentas de los recursos que reciben.
“Hay una opacidad, porque ni siquiera la Auditoría Superior puede fiscalizar las ministraciones, estos recursos adicionales a dietas, salarios de asesores, mobiliario, son transferencias que se entregan al líder del grupo, para que los use para los fines que estime convenientes y no tiene que dar facturas”.
En cuanto a la reforma electoral explicó que se dejaron graves omisiones, una de ellos es la propaganda gubernamental, pues no se pone un tope para que los gobernantes puedan contratar publicidades, y con ello dejan en desventaja a los partidos que no están en el poder o a los partidos más pequeños, además dijo no se previó la vigilancia a los recursos de las campañas, pues tres de cada cuatro pesos que se aplican en los proceso electorales, provienen de desconocidos.
Otro punto son los financiamientos públicos a los partidos, que no se aclaró por qué se les destinan esas cantidades a los partidos políticos, ni tampoco se crearon órganos regulatorios para vigilar que los topes de campaña se cumplan, pues se ha comprobado que los partidos políticos llegan a gastar hasta 500 millones de pesos cuando los topes son de 50 millones, rebasándose 200 o 300% y que nadie haga algo.
Rumbo Nuevo
Publicado en el Diario Rumbo Nuevo
El ex consejero presidente del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE), Luis Carlos Ugalde, advirtió que el gran reto en materia de transparencia y rendición de cuentas se encuentra en seguir la ruta del dinero que reciben los partidos políticos, pero no la vía de ministraciones, sino por donaciones privadas.
Y es que, dijo, por cada peso de origen público que tienen los partidos, hay cuatro más que no se reportan a la autoridad electoral.
Indicó que en México la transparencia no está en simular la rendición de cuentas, además de que se ha logrado mayor transparencia para un país con cada día más corrupción, pues dijo que no existen sanciones para los funcionarios o sujetos obligados que no informan correctamente en qué se gastan el presupuesto o los recursos públicos.
Agregó que más del 70 % de los partidos políticos obligados a informar respecto a cómo aplican los recursos que se les destinan, no lo hacen, lo cual requiere atención urgente, pues es un peso importante de dinero que no se sabe en dónde va a parar.
Al participar como ponente en un foro que organizó el ITAIP que se verificó en Tabasco, destacó que el problema aumenta, en las épocas electorales. En ellas, los gobiernos absorben hasta los costos de representantes de casillas.
“Hasta hoy, la mayor transparencia de los partidos ha tenido poco impacto respecto de los fondos que se gastan en campañas. Estos recursos se dan en bolsas a la una de la mañana. Por eso, en lugar de una comisión anticorrupción hay que ver cómo atacar los problemas de origen y concentrarse en tareas de inteligencia financiera”.
Estas aportaciones, indicó, generan compromisos y propician un efecto de corrupción. Recordó que un funcionario de quien no dio detalles le confió que en el primer año de gobierno en un municipio se tuvieron que otorgar contratos para pagar las donaciones recibidas en campaña; el segundo año se “tuvieron que hacer bolsitas para la campaña a gobernador y el tercer año para campaña presidencial”.
La dificultad de ubicar estos recursos se debe a que les dan dinero en efectivo, “son varios millones de pesos y desconocemos qué montos se mueven a campañas, es un problema mayor. Los ejercicios de fiscalización se hacen con base en los informes, pero el grueso de los gastos de campaña no se reporta, no se fiscaliza”.
Dijo que la reforma constitucional en transparencia debe clarificar los alcances, es decir, si los grupos parlamentarios están obligados a rendir cuentas de los recursos que reciben.
“Hay una opacidad, porque ni siquiera la Auditoría Superior puede fiscalizar las ministraciones, estos recursos adicionales a dietas, salarios de asesores, mobiliario, son transferencias que se entregan al líder del grupo, para que los use para los fines que estime convenientes y no tiene que dar facturas”.
En cuanto a la reforma electoral explicó que se dejaron graves omisiones, una de ellos es la propaganda gubernamental, pues no se pone un tope para que los gobernantes puedan contratar publicidades, y con ello dejan en desventaja a los partidos que no están en el poder o a los partidos más pequeños, además dijo no se previó la vigilancia a los recursos de las campañas, pues tres de cada cuatro pesos que se aplican en los proceso electorales, provienen de desconocidos.
Otro punto son los financiamientos públicos a los partidos, que no se aclaró por qué se les destinan esas cantidades a los partidos políticos, ni tampoco se crearon órganos regulatorios para vigilar que los topes de campaña se cumplan, pues se ha comprobado que los partidos políticos llegan a gastar hasta 500 millones de pesos cuando los topes son de 50 millones, rebasándose 200 o 300% y que nadie haga algo.
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