Opinión: Francisco Peralta Burelo /Abr 22

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(Publicado en el Diario Tabasco Hoy)

Más impuestos; más transparencia

Quizá para Tabasco, los tabasqueños y su gobierno lo mejor haya sido que el Congreso del Estado, con el voto en contra de las fracciones panista y perredista, aprobara incrementar determinados impuestos estatales.

Quizá, como aseveraran algunos diputados priístas y algún funcionario estatal, ello hubiese sido lo “mejor” y lo “más benéfico” para el estado y los tabasqueños (y ya no se diga para su gobierno).

Quizá, como afirmara el líder de la fracción priísta y a la vez presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, la medida fiscal no traiga costos políticos para el gobierno del estado, sino que redunde en beneficios importantes para los tabasqueños.

A este mismo tenor tal vez el endeudamiento que el gobierno estatal ha adquirido durante los años recientes sea también lo mejor y lo más benéfico, aunque ningún diputado priísta o funcionario público se haya pronunciado en tal sentido ni ahora ni con anterioridad.

Tal vez el gobierno estatal no habría tenido más alternativa que aumentar esos impuestos y adquirir los adeudos que adquirió, dada la situación en que, ha de suponerse, se encuentra.

Y bueno, si así es, y ello es lo mejor y lo más benéfico para Tabasco y los tabasqueños, habrá que otorgarle al gobierno local y a los diputados miembros de la fracción priísta, aunque con sus reservas del caso, el beneficio de la duda, no dando por hecho que actuaron de manera correcta ni tampoco que lo hicieron de modo indebido.

Dejemos que sean los resultados los que den su veredicto final. Deseemos, mientras tanto, que en efecto se haya hecho lo mejor y lo más benéfico para que --como afirmara un alto funcionario estatal-- sea Tabasco el ganador con el reciente paquete de reformas fiscales.

No habrá que pasar por alto, sin embargo, que tal incremento impositivo y la adquisición de nuevos adeudos --aplicados en épocas de crisis financiera gubernamental, pero también social—implican un considerable aumento en el nivel de responsabilidad en los poderes Ejecutivo y Legislativo, dado que ahora más que nunca estarán obligados a transparentar el manejo de los recursos del pueblo, a realizar un minucioso análisis de las cuentas públicas y a supervisar la obra de gobierno, a instrumentar políticas rígidas de austeridad y racionalidad del gasto, a aplicar un programa de corrupción cero y a hacer que ese ingreso adicional se refleje sólo en desarrollo y bienestar social, sin destinarse a fines diferentes.