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Tiempo de política

Salvador Fernández

Publicado en el DIARIO DE TABASCO EL UNIVERSAL 

Desfalcos, recuperar recursos

Si realmente existirá el estado de derecho y “nada al margen de la ley y nadie por encima de la ley”, las denuncias y ya algunas demandas concretas por desfalcos de millones de pesos deberán convertirse en recuperación de recursos de presupuestos saqueados por funcionarios del gobierno de Arturo Núñez y por varios alcaldes.

Ayer correspondió al presidente municipal de Macuspana, Roberto Villalpando Arias, acusar al ex edil José Eduardo Rovirosa Ramírez por irregularidades que suman 117 millones de pesos.

Precisa Villalpando Arias que existen 17 demandas contra la gestión de “Cuco“ Rovirosa por adeudo de impuestos, cuotas del Isset, Obras no ejecutadas y participaciones federales saqueadas.

Los alcaldes que se quejan de falta de recursos, pero pocos son los que se han aplicado para denunciar el desfalco de los anteriores munícipes para que la autoridad judicial proceda a regresar los dineros públicos y ser utilizados en obras y programas sociales.

Hay ejemplos donde los regidores de los municipios de Centla y Cárdenas denunciaron oportunamente irregularidades de sus respectivos alcaldes, pero se desconoce el estado de esas denuncias y el seguimiento que han hechos los actuales munícipes.

Dejar sin castigo a quienes saquearon a Tabasco en los niveles de gobierno estatal y municipal es alentar la impunidad, que es la madre de la corrupción que ha existido porque no se castiga a los funcionarios y gobernantes que le meten la mano y hasta el brazo al presupuesto asignado.

Por supuesto que hay una corresponsabilidad y de la pasada legislatura que se escuda en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado para justificar su negligencia de cuidar los dineros públicos.

Los anteriores diputados locales no pueden evadir su responsabilidad legal y mucho menos moral de haber permitido la grave crisis económica y financiera del gobierno estatal que arrastra a la economía tabasqueña.

Ni los centros de enseñanza superior se salvaron de la corrupción. Están señalados el Tecnológico de Comalcalco, la Universidad Popular de la Chontalpa y ahora el Instituto Tecnológico de Centla que junto con la Universidad Tecnológica de Campeche están acusados por la Auditoria Superior de la Federación de cometer irregularidades por 134 millones, los que deberán reintegrar al Gobierno de la República.

De acuerdo con lo publicado por Diario de Tabasco, la ASF anota que en años anteriores, las instituciones presentaron observaciones en el manejo de recursos provenientes de convenios con diversas secretarías y Petróleos Mexicanos, que concluyeron en la llamada “Estafa maestra”, y de nueva cuenta lo volvieron a hacer.

En el caso de Tabasco, fue al Instituto Tecnológico Superior de Centla (ITSC) al que se le hicieron observaciones por 47 millones 863 mil 438 pesos con 65 centavos, por haber subcontratado a empresas inexistentes.

De acuerdo con la revisión del gasto federalizado de 2017, por la Auditoría Superior de la Federación, el ITSC ese año tuvo dos directores generales: Ramón Antonio Rodríguez Laynes, quien ocupó el cargo hasta septiembre de ese año, y Mario Alberto Juárez Zapata, quien lo suplió. La institución logró la firma de convenios por un monto general de 78 millones 114 mil pesos con cinco centavos, de los cuales subcontrató 72 millones 454 mil pesos, es decir, 92.8, que es contrario al objetivo por el que se firman estos acuerdos, debido a que se busca ayudar a la comunidad estudiantil y catedráticos.

La ASF encontró irregularidades, señalando que el Instituto Tecnológico Superior de Centla no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables, entre cuyos aspectos observados destacan que subcontrató 92.8% de los servicios de los cuatro convenios y/o contratos que celebró por un monto de 78 millones 114 mil pesos con cinco centavos.

“Realizó pagos improcedentes por 47 millones 863 mil pesos a diversos proveedores subcontratados para la ejecución de los trabajos convenidos, al no contar con la documentación justificativa y comprobatoria que amparen los pagos a empresas subcontratadas que se presume que no efectuaron los servicios materia de los convenios firmados con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal”, se señala en el dictamen final, presentado ante la Cámara de Diputados federal.

TIEMPO FUERA.-
El estado de derecho a prueba en Tabasco.

sfernandez@ddt.mx