CARTA ABIERTA
Octavio Romero
encuentra resistencias
JORGE NÚÑEZ
El atoramiento de la Ley Pemex, que buscaba aprobarse por la vía fast track, revela el enorme poder que sigue teniendo la nomenklatura de la paraestatal. Se da el lujo de retar a su propio director: Octavio Romero Oropesa.
Impulsada, entre otros, por el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados federal, Manuel Rodríguez González, esa Ley busca darle más atribuciones al director de la empresa, entre ellas el nombramiento y remoción de los titulares de subsidiarias como Pemex Exploración y Producción, PEP, con sede en Tabasco.
La Ley de Petróleos Mexicanos quiere también integrar un programa de emergencia ante crisis económicas, flexibilizar el régimen de contratación de Pemex con terceros, una reducción de las funciones del Consejo de Administración y fortalecer la figura del director general.
Al final, a pesar de la molestia del presidente Obrador, se decidió transitarla por la vía larga. Es decir, por medio de mesas de discusión y análisis en todo el país, donde participarán especialistas y personas que tengan interés en el tema, para que sus aportaciones sean consideradas.
El fracaso de la vía fast track cayó de plácemes en el seno de la nomenklatura de Pemex, compuesta por el Consejo de Administración y por los directores de las distintas subsidiarias: Exploración y Producción, Gas y Petroquímica Básica, Refinación y Comercio Internacional S.A. de C.V.
Su beneplácito obedece a que estas subsidiarias han tenido la facultad de acordar convenios con las empresas que considere más “convenientes” para los distintos proyectos. Son contratos discrecionales de miles de millones de pesos en los que el director de Pemex está impedido para intervenir en caso de alguna irregularidad.
El Consejo de Administración y las subsidiarias siempre se han servido con la “cuchara grande”, beneficiando a las empresas de siempre, como Protexa, British Petroleum, Permaducto y Capricom Energy.
Esto es lo que busca cambiar la Ley Pemex, que ahora tendrá que irse por un largo camino que podría terminar hasta mediados de año con la votación en el Congreso.
Se sabe que la titular de Energía, Rocío Nahle, con el apoyo de la prensa nacional, se opuso a esta vía rápida. No es de extrañarse, ya que la funcionaria se formó en las entrañas del viejo Pemex. Es aquí donde Octavio Romero tiene uno de sus principales obstáculos para hacer los cambios de fondo que se ha propuesto.
La Ley Pemex tiene mucho que ver con Tabasco, en especial con los empresarios. En reuniones de muy alto nivel, la cúpula empresarial local ha mostrado molestia por su permanente marginación en la licitación de contratos de PEP, ya que estos favorecen siempre a compañías extranjeras o a otras ubicadas en el centro y norte del país. En ambos casos, PEP no coadyuva al fortalecimiento de la economía tabasqueña. Esto es lo que busca revertir la Ley Pemex.
Octavio Romero cuenta a Manuel Rodríguez como su principal aliado en el Congreso de la Unión, que es donde, a fin de cuentas, se decidirá el destino de esta importantísima legislación, que tiene mucho que ver con el desarrollo de Tabasco.
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