Publicado en el DIARIO POR ESTO
CHETUMAL, 23 de abril.- Con la creación de la Agencia de Proyectos Estratégicos que ordenó el gobernador Carlos Joaquín González, se pondrá en marcha una nueva y peligrosa forma de endeudamiento público, porque la Agencia quedará facultada para contratar créditos u obtener financiamiento dando como garantía de pago los terrenos que son propiedad del estado.
Además, en la iniciativa que fue presentada la semana pasada, y que quiere ser dictaminada y aprobada con urgencia, no se establece de manera explícita y clara que para la obtención de este financiamiento hipotecando terrenos del estado tenga que intervenir la autorización del Congreso del Estado, sino que proponen una redacción ambigua que deja abierto el procedimiento a la discrecionalidad del Ejecutivo en el aumento de la deuda pública, porque la deja abierta a que sea mediante créditos de bancos, pero también a que se den los terrenos en garantía a las empresas con las que el gobierno se asocie en la ejecución de proyectos público-privados y no tenga dinero para aportar al financiamiento.
La propuesta del gobernador Carlos Joaquín para desaparecer el Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) y crear en su lugar una Agencia de Proyectos Estratégicos da paso a un nuevo y peligroso mecanismo para que el gobierno del estado acrecente la deuda pública, ya que hasta ahora la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) es la única facultada para hacer la gestión de créditos con los bancos, pero lo que se pretende es que la Agencia también tenga esta facultad.
Esta nueva forma de endeudamiento resulta porque actualmente sólo se pueden usar las participaciones federales como garantía de pago, que es dinero que la federación manda, pero lo que se busca es que también se pueda obtener dinero de los bancos dando en garantía los terrenos propiedad del estado, pero con la ambigua redacción de la reforma los terrenos también pueden darse en garantía a las empresas que aporten al gobierno la parte de financiamiento que le toque.
Para la contratación de créditos, que representan deuda pública, se requiere la autorización del Congreso del Estado, justificando que éstos sean para obra pública productiva o para la reestructuración de deudas; sin embargo, en la reforma a la Ley del Patrimonio del Estado no queda claro que la Agencia tendrá que pedir permiso al Congreso local para la obtención de créditos, pues no se especifica el procedimiento para utilizar los bienes inmuebles del estado para obtener préstamos mediante hipoteca, sino sólo se dice que el director y la Junta de Gobierno del organismo quedan facultados para negociar esos contratos.
De acuerdo con la propuesta joaquinista, la Agencia tendrá un órgano superior identificado como la Junta de Gobierno, que estará integrado por un presidente y vicepresidente, que en este caso serán el gobernador Carlos Joaquín y la titular de la Sede, Rosa Elena Lozano Vázquez, respectivamente.
La Junta de Gobierno también contará con 4 vocales y 3 ciudadanos del estado, además de un secretario técnico, que será el director de la Agencia.
La excusa que se plantea para poder dejar en garantía de créditos el patrimonio estatal es porque ello ayudará al “mejor financiamiento” de las obras y servicios del estado y para el desarrollo de Proyectos de Asociación Público-Privada, para lo cual estará facultada la Agencia de Proyectos Estratégicos, y que se trata de proyectos en los que el gobierno se asociará con empresas privadas para realizar alguna obra o prestar algún servicio que no pueda realizar por cuenta propia.
En otras palabras, el nuevo pretexto para incrementar la deuda pública del estado será el obtener financiamiento para dar la aportación del estado a estos proyectos en los que se asocie con la iniciativa privada, y la obtención del dinero a crédito será garantizada con los bienes de la reserva territorial del estado.
La Agencia tendrá a total disposición el patrimonio público inmobiliario y las reservas territoriales del estado, para realizar la gestión de créditos sobre terrenos propiedad del estado, para el financiamiento de los Proyectos de las Asociaciones Público Privadas o para los servicios del Estado.
Como parte de las facultades y obligaciones que tendrá el director de la Agencia, está la de contratar, convenir y suscribir los actos jurídicos necesarios para la obtención de créditos, recursos o inmuebles necesarios para el cumplimiento del objeto social de la Agencia, previa aprobación de la Junta de Gobierno.
También corresponderá a la Agencia, a través de su Junta de Gobierno, disponer directa o indirectamente, previas autorizaciones respectivas en su caso, de los recursos y remanentes que tenga dentro de su patrimonio, fideicomisos y demás entidades del sector paraestatal del estado, estando facultado para afectarlos en garantía, transferirlos en préstamo o en propiedad a otras entidades paraestatales o utilizarlos en el financiamiento del presupuesto de egresos del estado o de Proyectos de Asociación Público Privada.
Otra atribución de la Agencia es que podrá celebrar contratos de crédito, fideicomisos o cualquier otro acto jurídico permitido por la ley, emitir títulos de crédito, y establecer los gravámenes que se requieran sobre los inmuebles del dominio privado del estado, es decir, su reserva territorial, para el cumplimiento de sus objetivos.
Con ello, queda de manifiesto que el gobernador Carlos Joaquín tendrá a su entera y libre disposición el patrimonio del estado, para usarlo en garantía de pago sobre los créditos que se lleguen a contratar, generando no sólo más deuda a Quintana Roo, sino también hipotecando, literalmente, sus terrenos.
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