Corrupción y despojo de Borge / Vier Sep 23

Corrupción y despojo de Borge

Daniel Castro J. / Publicado en el Diario de Tabasco / 23/09/201605:00:00

El gobernador de Quintana Roo remató terrenos estatales con valor de 2 mil pesos m2 a 100 pesos a favor de su familia y empleados, incluida su madre, su abogado y su secretaria, que dan cuenta una vez más de la corrupción imperante de su gobierno hasta el final de su sexenio.
El gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, remató terrenos estales a favor de su familia y empleados, incluida su madre, su abogado y su secretaria, que dan cuenta una vez más de la corrupción imperante de su gobierno hasta el final de su sexenio.

De acuerdo con un reportaje difundido por Denise Marker en su noticiero “10 en punto”, el Instituto de Patrimonio de Quintana Roo le vendió a la señora Rosa María Angulo Castillo, progenitora del mandatario, 11.7 hectáreas de terreno en 15 millones 367 mil de pesos, equivalentes a 137 pesos por metro cuadrado cuando el valor comercial en la zona es de dos mil pesos.

Para Fabiola Cortes de la Asociación Somos tus ojos transparencia por Quintana Roo, la operación fue un verdadero quebranto para la entidad y cuyo predio la señora Angulo Castillo la cedió al abogado de la familia César Celso González Hermosillo.

En 2011, a un mes de asumir la gubernatura Roberto Borge, el Instituto de Patrimonio Estatal entregó al abogado González Hermosillo y Melgarejo dos predios de la reserva territorial del estado que suman una extensión de 20 mil metros cuadrados en la isla de Cozumel.

Por el primer predio de 12 mil 445 metros cuadrados pagó un millón 244 mil pesos, es decir a 100 pesos el metro cuadrado, que no corresponden al valor comercial, según la fuente del noticiero, el titular de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Equipo de Transición, Eduardo Ortiz Jasso, quien consideró que los terrenos “fueron prácticamente regalados”.

La misma operación se realizó con el terreno de siete mil 453 metros cuadrados, pertenecientes al Instituto de Patrimonio del Estado de Quintana Roo, por el que el abogado González Hermosillo pagó 745 mil pesos.

Revela el reportaje de “10 en punto” que en el 2014 el abogado trasfirió los terrenos de 12 mol 435 metros cuadrados a la secretaria Pinelo, por 30 años empleada de la familia Borge.

Historias de despojos

A tavés de videos y un reportaje internacional, difundido por la alianza de CNN y la revista Expansión en julio de este año, el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, es exhibido en otra de sus redes de operación ilegal y corrupción y que lo ubican -a 48 horas de dejar el cargo- como el gobernador más corrupto en la historia política de este Estado.

En un reportaje de los periodistas Mariel Ibarra y Silber Meza en Expansión con el título: “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”, dan cuenta de una serie de despojos a particulares “orquestados” bajo el amparo del poder público.

El primero de los despojos documentados por Expansión es el de Joel Tovar, a quien el gobierno de Borge despojó de una posesión de 4 mil 500 metros cuadrados de su parcela del ejido José María Pino Suárez, junto al español Andrés Pérez, dueño de un hotelito en esta zona.

“La Junta de Conciliación y Arbitraje entregó el terreno y el hotel a un par de particulares que inventaron ser trabajadores despedidos injustificadamente, dijeron tener sueldos al mes de 753 mil 234 pesos e interpusieron un juicio laboral contra otras personas (no contra Joel ni contra Andrés) que dicen ser dueñas de esa franja de la costa”, observa el reportaje.

La JLCA habría ordenado el pago de 200 millones de pesos a esos dos empleados y para hacer efectivo el pago embargaron los hoteles, el señalamiento es directo. “El Gobierno del Estado, encabezado por Roberto Borge, habría dejado a través de la falsificación del registro de la propiedad y de un dudoso juicio laboral sin su patrimonio para proteger a falsos trabajadores de falsos dueños”.

Los despojos que comenzaron en 2014 se repitieron en tres hoteles más: Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo.

En junio de 2016 con idéntico proceder la trama del despojo se repite en Tulum y el escándalo sale a la luz pública. juicios laborales falsos o amañados

El despojo al hotel Playa Azul es sólo uno de los casos que Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad han corroborado, donde empresas y particulares han sido afectados a través de una maquinaria institucional que es operada por una red que involucra a funcionarios públicos del gobierno de Roberto Borge.

Esta red maneja un sistema masivo de fraudes y despojos de casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos a particulares para apropiárselos o venderlos a la mitad de su valor. El esquema de despojo también opera mediante el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias. Esto le sucedió a las empresas Pochteca y Planigrupo, hoy registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, y a varias empresas locales y multinacionales entrevistadas que no permitieron citar su nombre en esta investigación por temor a represalias.

Los denunciantes señalan que la estrategia está montada en juicios laborales falsos o amañados por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad y al menos una notaría pública a través de juicios civiles exprés.

Los protagonistas de la red: el ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del Trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial número 2 de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; y el ex director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima, recientemente nombrado magistrado por el Congreso local y a propuesta directa del gobernador. El nombramiento quedó aprobado junto con el llamado “paquete de impunidad” para el mandatario priista.

Varios de los compradores de esos inmuebles son funcionarios municipales y políticos del PRI y Partido Verde, que se vieron beneficiados en transacciones a menor precio que lo que se establecía en su momento.

No existe una cifra global que pueda dar cuenta del tamaño de la afectación, pero tan sólo en cuatro de los casos —cuyos expedientes se tienen, una muestra mínima de lo sucedido en el Estado- el daño rebasa los 340 millones de pesos.

Este esquema de despojos de bienes y congelamientos de cuentas bancarias tiene más de cinco años que opera en el Estado.

Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad buscaron por varios medios a los principales actores involucrados. El ex secretario del Trabajo, Patricio de la Peña, declinó hacer cualquier comentario; otras llamadas al vocero y al secretario de Gobierno del Estado fueron infructuosas.

La investigación exhibió además el caso de la compañía transnacional Pochteca, ubicadas en la Ciudad de México. El director de la empresa se entera que las cuentas habían sido inmovilizadas por orden de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cancún. En un juicio laboral, del cual no estaban enterados, se había fallado en contra de la empresa.

Entre marzo y abril de 2016 le fueron inmovilizadas siete cuentas bancarias y retirados casi 5 millones de pesos, producto de dos juicios laborales radicados en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 1 bajo el expediente 072/2014 y de la Junta Especial Número 2 con el expediente 1098/214. Ambas ubicadas en Cancún.

En marzo de este año la institución bancaria da aviso a la Junta Especial No. 1 de que las cuentas bancarias de Pochteca fueron embargadas con motivo del juicio laboral.

De manera similar a las acusaciones de Pochteca, la desarrolladora Planigrupo sufrió la congelación de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún el 10 de mayo de este año, según fuentes conocedoras del caso que solicitaron el anonimato.

Cuando los abogados de la compañía solicitaron el expediente, la Junta se negó a compartirlo. Una semana después la Junta tomó 2.2 millones de pesos de sus cuentas. Al día de hoy la compañía sigue sin recibir formalmente el expediente del caso.


MÁS DESPOJOS

Con el mismo modus operandi de juicios laborales fueron embargados 51 de 62 condominios del complejo llamado Lagoon Loft, ubicados dentro del Club de Golf Pok Ta Pok en la zona hotelera de Cancún. La causa fue una demanda laboral de 21 supuestos empleados, iniciada nuevamente en la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje de Cancún con el expediente 1049/2012.

A través de juicios simulados, inversionistas fueron despojados de un complejo en el Club de Golf Pok Ta Pok. Lagoon Lofts está valuado comercialmente en 20 millones de dólares. El representante legal de la empresa afirma que los propietarios han perdido en el juicio alrededor de 1.5 millones de dólares entre los honorarios de abogados, la destrucción de la propiedad y el robo del equipamiento del edificio.

MAIORIS TAMBIÉN CAE

Maioris Tower está compuesto por dos torres de 17 pisos desde donde se puede divisar Cancún. Cuenta con embarcadero privado, alberca, áreas verdes, salón de usos múltiples, áreas infantiles, gimnasio, spa y acceso a un campo de golf.

En 2011 comenzó su comercialización. A mediados de 2015 la empresa tuvo un problema económico que le ocasionó una parálisis comercial y la entrada de nuevos inversionistas. Fue en ese momento cuando empezaron a aparecer “dueños” distintos a los reconocidos por Maioris. La estructura oficial y empresarial relacionada al gobernador Borge, cual tiburón del Caribe, había olido ya la sangre de una empresa herida.

El abogado Francisco Siman narra que la empresa tuvo conocimiento de las 19 ventas irregulares de departamentos de lujo hasta cuatro años después. A pesar de que las ventas se realizaron supuestamente a partir de 2011, se inscribieron en 2015 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) de Quintana Roo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo que sucedía.

La encargada de dar fe a las operaciones de compra-venta fue la notaria número 22, Yolanda Solís Olveres, radicada en Islas Mujeres. Algunas de las transacciones de departamentos escriturados por ella fueron “vendidos” hasta en un 50% menos del valor comercial. Un ejemplo es el caso de los inmuebles con los números 26 y 90 que en una sola transacción se vendieron en 538 mil 470 dólares, cuando su valuación de mercado era de un millón de dólares.

Un comprador legítimo adquirió en 2014 un departamento de 349 metros cuadrados de Maioris en 936 mil dólares. En las ventas ilegales supuestamente se compraron dos inmuebles por 538 mil dólares. Para las ventas fueron falsificadas, según la denuncia de Maioris, las firmas de la representante legal de la inmobiliaria y del ejecutivo de Bankia, acto por el que se levantaron denuncias ante el Ministerio Público.


En manos de

priistas y verdes

El penthouse 18 de Maioris hoy es propiedad de Federico Fichtl Unger y Ulrika Fichtl Merino, esta última psicóloga y cuarta regidora por el Partido Verde en el municipio de Benito Juárez (Cancún). El 2 de octubre del 2015 Ulrika lo compró en 7.5 millones de pesos, según datos obtenidos en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio. Aunque se escucha costoso, el inmueble tenía una valuación de 10.4 millones.

Este sistema de supuesta venta, en donde los hoy dueños son en realidad compradores de aquellos a quienes Maioris asegura que nunca les vendió departamentos, se replicó con 18 condominios más que la inmobiliaria tampoco reconoce haber vendido y por lo cuales dicen haber perdido al menos 10 millones de dólares. Entre los dueños de estos inmuebles se encuentran funcionarios públicos y personajes ligados a políticos como la actual directora de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de Cancún, Lydia Esther Portilla Manica; Filiberto Javier de la Garza Santos, hermano del alcalde de Monterrey; Adrián de la Garza, quien también fue procurador de Nuevo León en el gobierno del priista Rodrigo Medina.

Según escrituras obtenidas para el reportaje, también aparecen como dueños Gerardo José Rejón y Ruiz de Velasco, líder empresarial priista y socio de la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, en el restaurante “Casona La Yucateca”, ubicado en Polanco, una de las zonas más caras de la Ciudad de México; y el ex funcionario municipal de Cancún, Aldo Francisco Reséndiz Martínez y su hijo Aldo Francisco Reséndiz Ruiz. El abogado de Maioris responsabiliza al Gobierno Estatal de Roberto Borge.

Además del modelo de despojo, vía notario público, a Maioris también le han quitado cuatro departamentos por medio de demandas laborales, siguiendo el modus operandi de Pochteca, Planigrupo y Lagoon Lofts. Del 2011 a la fecha, 28 predios, 26 hoteles y 13 cabañas privadas de la franja costera fueron arrebatados en el ejido José María Pino Suárez a través de juicios de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje local (como el del hotel Playa Azul) y de juicios civiles.