Linchamientos: los “justicieros” pueden convertirse en criminales
José V. Martínez
Publicado en el Diario AVANCE Tabasco
Existe una tendencia preocupante a tratar de sustituir a la autoridad. Los casos de linchamientos y asesinatos de delincuentes comunes a manos de habitantes de ciertas localidades urbanas y rurales en el Estado de México, Puebla, Distrito Federal, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, expresa -entre otras cosas-, el rompimiento espontáneo de la población con la legalidad y con la autoridad legítima que representa el Estado.
Indica la ausencia y la incapacidad del sistema de justicia para atender la demanda social en materia de seguridad ciudadana, cuando se presentan casos delincuenciales que exigen una respuesta oportuna, inmediata y eficiente de las instituciones. Cuando esto no ocurre, y prevalece la amenaza potencial en la comunidad, la gente quiere “hacer justicia” por su propia mano. Se camina en el terreno de la venganza más que otra cosa. Se explica, no se justifica.
Pero debe reconocerse que los Ministerios Públicos, los Jueces y los magistrados estatales y federales, conforman la parte más vulnerable del Sistema de Justicia mexicano. No las policías, como hasta este momento se dice. Es en esta parte del sistema, donde prevalece la desconfianza ciudadana, y se ha anidado el cohecho y el soborno como las principales causas agravantes que impiden una sana aplicación de la ley.
Digamos que el cohecho ha doblegado a la Ley, y como negociación aplicada durante cualquier etapa del proceso anula la correcta acción penal, y por lo tanto causa la inacción de la justicia. Ya que es ahí donde se estancan averiguaciones, se omiten detenciones y se dictaminan penas en muchos de los casos equivocadas; e incluso, existe la creencia de que se castiga a inocentes y quedan libres los criminales. Ideas y hechos que en ocasiones llevan a ciudadanos a efectuar actos colectivos de barbarie.
Los medios de comunicación en su cotidiana labor de informar sobre hechos criminales también contribuyen a provocar percepciones “inconscientes” de violencia, al exagerar eventos y publicar imágenes perturbadoras. Como ha ocurrido en Tabasco, donde algunos medios estaban (o están) empeñados en publicar dos o tres veces notas informativas del mismo evento criminal; cuyo propósito pareciera mantener en el ánimo colectivo la percepción de una violencia incontrolada y creciente. Lo que no es exactamente así. Pretenden que una golondrina haga verano. Cualquier delito es condenable, pero debemos evitar su apología.
Hacer “justicia por su propia mano” mediante linchamientos o con la formación de los grupos de autodefensas en los estados de Michoacán y Guerrero, significan la omisión de la legalidad por parte de las comunidades, y el riesgo de que los “justicieros” se conviertan en criminales.
Los gobiernos deben esforzarse en alcanzar los objetivos de mantener la paz pública, como parte principal de la acción eficiente de las corporaciones policiacas. Limpiar las casas del sistema de justicia mexicano es complicado, pero también necesario. Cualquier esfuerzo en este sentido, vale la pena encausarlo. La sociedad debe exigir recursos suficientes y su aplicación eficiente para combatir los delitos. Responder a la violencia criminal con violencia de particulares no es el mejor camino.
Haberes
Juan Filigrana, secretario de Salud; Humberto de los Santos, alcalde de Centro, y Alejandro de la Fuente, del CEAS, afirmaron que está garantizada la calidad del agua potable en Tabasco. Afirman que no representa ningún riesgo a la salud. Es la voz de la autoridad y es también una responsabilidad.
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