EL DESINFORME
PARTE-II
Por: Pedro Gutiérrez Gutiérrez
Arturo Núñez Jiménez dijo en público y en privado que de llegar al gobierno de Tabasco, jamás endeudaría a la entidad. Sin embargo lo hizo, endeudando por más de 2,000 millones al estado. Con la complicidad de los suyos en el Congreso, promovió la autorización de un crédito de 626,329,857.92 (seiscientos veintiséis millones, trecientos veintinueve mil, ochocientos cincuenta y siete pesos, con noventa y dos centavos) por los cuales se pagarán 1,400 millones de intereses. 70 millones de pesos anuales en promedio durante 20 años.
El gobernador justificó dicho préstamo como necesario para concretar el decreto que implantará el nuevo Sistema Penal Mexicano en Tabasco. Decreto emitido el 18 de junio del año 2008 por el Ejecutivo Federal que obliga a todas las entidades de la República y que da un plazo de 8 años para materializarlo, fecha que fenece a mediados del 2016.
Arturo Núñez, fue Senador de la República en el periodo 2006-2012 y le tocó participar y aprobar las reformas constitucionales que dan vida al nuevo Sistema de Justicia Penal en México, sin embargo, ya como gobernador no tomó las previsiones conducentes o simplemente no quiso hacerlo por negligencia. Actitud indiferente e irresponsable que dista mucho del político con visión de estado, como gustan decirle sus empleados y cortesanos del palacio.
Por el contrario, eliminó recursos destinados a ello.
El Presidente del Tribunal Superior de Justicia señaló en su informe del 2013 que el presupuesto inicial del Tribunal, fue del orden de los 425 millones, 482 mil, 424 pesos con 25 centavos, pero, que la Secretaría de Planeación y Finanzas redujo dicho monto a 417 millones, 482 mil, 424 pesos con 25 centavos, disminuyendo la partida destinada precisamente a instrumentar las obligaciones del decreto.
En el mismo informe, el presidente del Tribunal reconoce que el Gobierno Federal si cumplió con su parte, al aportar 13 millones, 500 mil pesos para los fondos destinados a la implementación del nuevo Sistema Penal.
La misma omisión y desinterés mantuvo el gobernador durante 2014 y 2015 de no programar recursos financieros para cumplir en tiempo y forma con el decreto.
Con aguda ineptitud a pesar de ser economista de profesión, con un retraso de 3 años y con subejercicios escandalosos del orden de los 3 mil millones de pesos en 2013-2014, encontró la fórmula de resolverlo, endeudando al estado, la misma fórmula que prometió nunca utilizar.
A pesar de jurar y perjurar de que en su gobierno no se generaría más deuda, recurrió al tratamiento más fácil: hipotecar Tabasco. Arturo es experto para endeudar a los ciudadanos, él es el padre del FOBAPROA.
Fiel a su tendencia retórica y demagógica, en su primer discurso oficial como gobernador dijo “Apoyaré en el ámbito de mis facultades al Poder Judicial para su desempeño independiente e imparcial en la impartición de justicia y en la implementación integral de la reforma constitucional del 2008 que estableció la adopción de los juicios orales en materia penal y la garantía de presunción de inocencia, entre otras relevantes instituciones”.
Sin embargo, no sólo no apoyó con presupuesto del estado los compromisos financieros con la reforma judicial, sino que empeñó a los contribuyentes durante 20 años. Cualquier ciudadano, sin presumir títulos o trayectorias políticas como Núñez gusta hacerlo, puede resolver con deuda e hipotecas los problemas o compromisos que Tabasco requiere.
Una farsa más, como ha sido lo dicho y hecho por el gobernador, resultó el decreto publicado en el Diario Oficial del Estado el 9 de marzo del 2013, en donde se establecen las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina del gasto de la administración pública estatal que ahorraría 500 millones de pesos. ¿Dónde están esos millones y millones que se han ahorrado durante tres años?
Esa cantidad, hubiese sido suficiente para financiar la concreción del Nuevo Sistema Penal en Tabasco, en lugar de hipotecar a los tabasqueños.
La realidad es que el gobierno de Núñez no ahorró nada.
El Programa contemplaba el no aumento salarial a funcionarios de primer nivel hasta el rango de directores, pero contrariamente, lo que ha sucedido es que todo el clan que tiene como Gabinete goza de salarios insultantes comparados con los que percibe la mayoría de la población tabasqueña. Salarios de 50, 60, 70 y 100 mil pesos mensuales representan una burla para la clase trabajadora de la entidad.
Las estrategias que contemplaba el Programa de Austeridad como el de retiro voluntario, cancelación de plazas por renuncia o retiro, la reducción del gasto corriente en un 5% y la disminución de contratos por servicios profesionales no se han realizado, por el contrario, se han incrementado para pagar cuotas políticas y beneficiar amigos y parientes.
Con Núñez, Tabasco ocupa el lugar número 30 de las 32 entidades de la República con mayor burocracia según INEGI, solo Chiapas y Chihuahua lo superan. El gobernador de profesión economista profesa que el adelgazamiento de la administración es una condición fundamental para invertir en el desarrollo, pero en el ejercicio del poder hace todo lo contrario.
Nada de esto se dijo en el informe porque el propósito fue desinformar, ocultar, maquillar una realidad que encuentra su mejor expresión en el rechazo evidente de la ciudadanía hacia el gobernador.
Un botón más de muestra de la ineptitud en materia administrativa financiera del gobierno de Núñez lo representan los subejercicios presupuestales.
En otras palabras, el gobierno del “cambio verdadero” ha tenido dinero suficiente para el desarrollo de Tabasco, no ha habido otro gobierno en Tabasco, con la cantidad de dinero como la que ha manejado Arturo Núñez en estos tres años, pero no han sabido ejercerlo, aplicarlo, gastarlo conforme a los rigores del proceso administrativo, exhibiendo su eterna contradicción de no contar con recursos.
Durante el primer año de gobierno (2013) se documentaron 1 mil 573 millones de pesos de subejercicio. El gobierno de Tabasco ese año obtuvo ingresos del orden de los 42 mil, 092 millones, programó 41,188 millones, 821 mil, 599 pesos. Pero sólo ejerció 39 mil, 615 millones de pesos.
En el 2014, el subejercicio fue de más de 2 mil 200 millones de pesos y durante el primer trimestre del 2015 la Asociación Civil “Santo Tomás” en base a información recabada vía transparencia y acceso a la información pública documentó subejercicios en la Junta Estatal de Caminos por 88 millones; en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas por 70 millones; en la Secretaría de Seguridad Pública de 50 millones entre otras dependencias del gobierno.
Salud, Educación, Seguridad y Obras Públicas son las dependencias que más subejercicios han presentado. Precisamente las secretarías que tienen a su cargo los principales programas para el desarrollo social del estado.
Ante el escándalo de los subejercicios en sectores tan sensibles en salud, educación y seguridad Arturo Núñez dijo que no “toleraría malos manejos de recursos, ineficiencias y subejercicios” porque cesaría a sus actores. Una pose demagógica más, porque sigue gobernando con los cuates y las cuotas autores de los subejercicios presupuestales.
Muchos explican éste desastre administrativo financiero en áreas sustantivas como salud y educación, en razón de que sus titulares no tienen el perfil profesional para ejercerlo. Víctor Manuel López Cruz, Secretario de Educación, no es maestro de profesión, sino abogado en derecho. Antes, Rodolfo Lara Lagunas que si era maestro, como cuota política de Andrés Manuel López Obrador se dedicó más a fundar MORENA que atender las funciones vitales de la educación en Tabasco.
Juan Antonio Filigrana Castro, Secretario de Salud, no es médico, sino abogado. Cuando le hablan de epidemiología pandemias o Chikongunya o de las prioridades y programas de los distintos pisos de la atención de la salud pública esconde su ignorancia en las faldas de la amistad de Arturo Núñez de quién es amigo, compadre y socio.
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