Dan a Granier 10 años
Lorena del C Hernandez / Publicado en el DIARIO DE TABASCO EL UNIVERSAL / 02/03/201800:00:01
El resolutivo no es definitivo y no se comparte la decisión de la Juez: defensa
A Ante el resolutivo de la Juez Tercero Penal de Primera Instancia, de dictar sentencia condenatoria por peculado al ex gobernador Andrés Rafael Granier Melo, el abogado Miguel Alberto Romero Pérez señaló que el resolutivo no es definitivo, refleja el interés del Estado por sancionar; la defensa no comparte la decisión de la Juez y en consecuencia apelarán a su decisión.
Agregó: “Confiamos en las resoluciones de los tribunales federales, mas no en las del Estado”.
Añadió que “en el expediente quedó demostrado que ni él tomó dinero para él, ni lo desvió para cuestiones ajenas que correspondan a la administración; nada de eso, por el contrario, se demostró que él como Gobernador del Estado ni facultades tenía para hacer los cambios en el movimiento de las cuentas de fondo de las dependencias. En fin consideramos que esto es un exceso de la Juez y como tal lo habremos de combatir en su momento”.
El asesor jurídico del ex gobernador Granier Melo, Romero Pérez, reiteró que esta sentencia condenatoria contra su cliente vino a confirmar lo que se ha venido sosteniendo en diferentes momentos: que se está actuando por consigna. “Únicamente podría colocar en contraste que otras resoluciones que ha emitido esta Juez; desafortunadamente le han tenido que ser revocadas por tribunales federales, actuando con parcialidad. Le han dicho que no corre la razón a favor de lo que es la juzgadora estatal está indicando”.
Miguel Alberto Romero Pérez citó: “El año pasado se le concedió un amparo, donde finalmente le ponían conclusión a un asunto, donde la Fiscalía venía ponderando como la más importante para ellos (peculado por los 2 mil 600 millones de pesos) y que la misma Juez había actuado a los intereses de la Fiscalía; tuvimos que acudir hasta juicio de amparo para que nos dieran la razón y finalmente así fue”.
El abogado de Granier Melo emuló a sus adversarios jurídicos. “Esta pelea, como ha dicho la Fiscalía, todavía continuará y nuestra labor no cesará hasta que se demuestre como es: la correcta inocencia de Andrés Granier. Acotarán los medios de defensa corresponden al Estado, recurso de apelación; si no responde a los intereses que justifica la inocencia del ex gobernador, tendremos que acudir al juicio de amparo”.
El resolutivo
Al comprobarse su responsabilidad penal en el delito de peculado durante su gestión como Gobernador de la entidad, el Juzgado Tercero Penal de Primera Instancia emitió sentencia condenatoria en contra de Andrés Rafael “N”, a quien además se le impuso como pena diez años, 10 meses y 15 días de prisión, así como la reparación del daño al erario público del estado de Tabasco por poco más de 196 millones de pesos.
Con la determinación de la autoridad judicial quedaron en firme las acusaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco, establecidas bajo la causa penal 157/2013 por desvíos de recursos del Seguro Popular cometidos durante el ejercicio 2010.
La resolución emitida el 28 de febrero del año en curso confirma el actuar de esta institución ministerial que desde 2013 formuló acusaciones ante las instancias jurisdiccionales correspondientes, con el objetivo principal de que se recuperen los recursos públicos desviados en agravio del pueblo de Tabasco.
Las indagatorias por estos hechos se relacionan con un faltante de 196 millones 918 mil 209 pesos y 60 centavos del sector Salud pertenecientes al cuarto año de la administración anterior, mismos que deberán ser reintegrados al patrimonio estatal representado por el Poder Ejecutivo.
El Juzgado Tercero Penal también ordenó una multa de 525 días para el ex mandatario, así como la suspensión de sus derechos políticos en tanto permanezca privado de su libertad.
A Andrés Rafael “N” se le abrieron distintos expedientes por su gestión en el Gobierno del Estado de Tabasco de 2007 a 2012, mismos que se encuentran en proceso y otros aún en integración.
La FGE sostiene su compromiso de recuperar los recursos faltantes pertenecientes al erario estatal y a la vez hacer valer el Estado de Derecho.
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