Publicado en el Diario Tabasco Hoy
¿Qué tan indispensable es una legislación que obligue al Estado a ofrecer protección policial a ex funcionarios públicos (y a parientes cercanos de éstos) durante seis años, contados a partir de la entrega del cargo? ¿Es indispensable o no?.
El tema se ha abierto a la discusión pública en estos días prácticamente inopidamente, porque de repente se supo de una iniciativa a ese respecto y en cuestión de horas trascendió que ya había sido aprobada por el Congreso local, aun y cuando sólo hubiese sido por el voto de la fracción priista, con posiciones sociales-- por lo que se deja ver en los medios de comunicación-- más en contra que a favor.
El asunto, de cierto, es por sí mismo controversial. No podría serlo de otra manera, más que nada porque de pronto entró a la Cámara de Diputados, por lo que se ve, sin previo cabildeo legislativo y sin concientizar a la opinión pública, y porque toca puntos muy sensibles de un tema como el de la seguridad pública y privada (en este caso), que tanto ha incomodado a los tabasqueños durante estos últimos años.
Los diputados locales debieron ponderar muy bien los efectos que una reforma de esta naturaleza tendría que producir en amplios estratos poblacionales, que ante la delincuencia se han sentido desprotegidos.
Una vez más, habrá que decirlo, el Congreso local no ha hecho bien las cosas en Tabasco, pues ni ha sabido manejar los tiempos ni ha sido capaz de ponderar a profundidad los pros y contras de un asunto tan controversial como éste, que ni aun en Semana Santa podría pasar inadvertido.
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