País / 66% exige renuncia del gobernador Ángel Aguirre / Lu Oc 20

66% exige renuncia del gobernador Ángel Aguirre

De los encuestados, 46% piensa que la administración federal es la que más hace para encontrar a los normalistas; rechazan bloqueos de carreteras y toma de alcaldías

Share on facebookShare on twitterShare on google_plusone_shareShare on emailMore Sharing Services

COMPARTIR 

20/10/2014 05:54 Ulises Beltrán y Alejandro Cruz/ BGC, Beltrán, Juárez y Asociados / Publicado en el Diario Excélsior

1 / 6

Piden salida de Aguirre. Consultados en la encuesta BGC-Excélsior le reprochan caso Iguala.

1 de 6

CIUDAD DE MÉXICO, 20 de octubre.- Con el paso del tiempo, a nivel nacional se ha vuelto mayoritaria la exigencia para que el gobernador Ángel Aguirre renuncie a su cargo tras el caso Iguala, especialmente por considerarse que es incapaz para gobernar. En Guerrero, la población tiene posiciones encontradas al respecto. La opinión pública se muestra inconforme y escéptica con las investigaciones para buscar a los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Se apoya que haya protestas a raíz del suceso en cuestión, pero se rechazan ampliamente las acciones violentas o ilegales, como la quema del Palacio de Gobierno o los bloqueos de carreteras, tal y como se observa en las encuestas telefónicas BGC-Excélsior a nivel nacional y en Guerrero.

La falta de resolución del caso de la desaparición de 43 normalistas, las revelaciones sobre este suceso y el agravamiento de las protestas han provocado que ahora 66% de la población nacional pida la dimisión del gobernador de Guerrero (gráfica 1). No obstante, en ese estado las opiniones están divididas casi por mitades entre quienes quieren que se vaya y quienes prefieren que permanezca. Quienes desean que renuncie argumentan que no tiene capacidad para gobernar y que no da soluciones. En menor medida se menciona que ha de estar involucrado con el crimen organizado, que debe ser investigado por los hechos de Iguala y que presumiblemente es responsable de lo ocurrido (gráfica 2).

La población nacional cree que la actuación del Gobierno del estado en el caso de la muerte o desaparición de normalistas se explica por el presunto encubrimiento que ha dado a grupos del crimen organizado (47%) y no tanto por la insuficiencia de recursos (12%) o la falta de apoyo del gobierno federal para enfrentar a la delincuencia organizada (30%). En contraste, los guerrerenses ponen más el énfasis en la percepción de ayuda federal insuficiente como explicación de la acción del gobierno estatal
(gráfica 3).

Se sigue pensando que el gobierno de Peña Nieto es el que está haciendo más para encontrar y castigar a los culpables de los sucesos de Iguala (46% a nivel nacional y 44% en Guerrero). Al gobierno de Aguirre lo menciona menos de 15%. No obstante, la acción federal es cuestionada a nivel nacional, pues se coincide con la crítica de que la PGR está efectuando una investigación sin capacidad para aclarar lo ocurrido (61%) (gráfica 4). Tres cuartas partes se muestran escépticas de que se resuelva el caso y se sancione a los responsables (poco seguro, 41%; nada seguro, 35%). La conclusión de que los cadáveres en las primeras fosas descubiertas no corresponden a los normalistas desaparecidos dista de generar esperanzas de que continúen vivos. Para 78%, esa noticia deja la misma incertidumbre ya existente. En Guerrero se cuenta con una opinión menos negativa en torno a la actuación de las autoridades federales en las investigaciones (gráfica 5).

En una evaluación general de la actuación de cada una de las autoridades involucradas en las acciones para resolver el caso de los normalistas, la opinión pública nacional le da notas entre regulares (35%) y negativas (39%) al presidente Peña Nieto. De manera parecida se valora a la PGR. Ángel Aguirre resulta peor calificado, pues 71% estima como mala o pésima su labor (gráfica 6).

A nivel nacional se observa un respaldo a las medidas de protesta en favor de los normalistas. En cualquier caso, existe un apoyo diferenciado según el tipo de protesta. Tanto las marchas como los paros en universidades dividen opiniones a nivel nacional, pero alcanzan a ser aprobados por la mitad. En cambio, hay desacuerdo con la toma de palacios municipales (65%) y el bloqueo de carreteras (78%) (gráfica 7).