Protesta de activistas de Chilpancingo, Guerrero, para pedir se emita una alerta de violencia de género por considerable alza en feminicidios
Asesinan más mujeres
Piden declarar en Guerrero alerta de violencia de género
Domingo, 3 de julio de 2016 - Edición impresa
Publicado en el Diario de Yucatán
CHILPANCINGO.— De 2003 a 2015 se registraron 2,774 casos de asesinatos de mujeres en ocho municipios de Guerrero, aseguraron integrantes de la Alianza Feminista, quienes confiaron en que esta cifra sea suficiente para que el Ejecutivo federal emita la alerta de violencia de género en la entidad, publica el portal electrónico de “24 Horas”.
Representantes populares y de organizaciones civiles, académicas, investigadoras y activistas lamentaron que se registren altos índices de asesinatos de féminas, pero consideraron más grave la impunidad con que se cometen, ya que muy pocos casos han sido castigados.
Esta semana, representantes de la Alianza Feminista entregaron al Instituto Nacional de Mujeres la solicitud de alerta para Guerrero, la cual se analizará y en próximos días la instancia informará si procede o no.
De acuerdo con las activistas, en el puerto de Acapulco se han registrado más homicidios de mujeres, y en ese orden le siguen Chilpancingo, Iguala, José Azueta, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla.
Otra cifra que expusieron fue que el Estado ocupa el primer lugar en asesinatos de mujeres entre 15 y 30 años de edad a escala nacional.
Desde diciembre pasado, en el Congreso local legisladores de Movimiento Ciudadano propusieron que se solicitara la alerta de violencia de género, pero la iniciativa no fue apoyada por los demás bajo el argumento de la proximidad de las vacaciones y que afectaría los destinos turísticos.
Además —dijeron las fracciones contrarias a la propuesta— no había una petición formal de organizaciones sociales defensoras de derechos de las mujeres.
Las activistas confiaron en que si el Ejecutivo federal emite la alerta se podrá contar con los recursos económicos y estrategias entre los tres niveles de gobierno, para abatir el problema.
Por norma, el Inmujeres cuenta con tres días hábiles para revisar que la solicitud de alerta cumpla con los requisitos de ley.
Deberán observar el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lgamvlv). Después será enviada a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La Alianza Feminista aglutina a diversas organizaciones civiles, como la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres; Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Equidad y Autonomía en Movimiento; Comunidad Raíz Zubia, y la Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afromexicanas, entre otras.
Para apoyar la solicitud de AVG en Guerrero, los grupos ciudadanos llamaron a juntar firmas a través de la plataforma Avaaz.
Concebida desde la Lgamvlv (promulgada en 2007), la AVG es un conjunto de acciones gubernamentales de urgencia para salvar la vida de las mujeres. La alerta prevé que una vez activada, los gobiernos estatales implementen acciones preventivas, de seguridad y justicia, y asignen los recursos necesarios.
Domingo, 3 de julio de 2016 - Edición impresa
Publicado en el Diario de Yucatán
CHILPANCINGO.— De 2003 a 2015 se registraron 2,774 casos de asesinatos de mujeres en ocho municipios de Guerrero, aseguraron integrantes de la Alianza Feminista, quienes confiaron en que esta cifra sea suficiente para que el Ejecutivo federal emita la alerta de violencia de género en la entidad, publica el portal electrónico de “24 Horas”.
Representantes populares y de organizaciones civiles, académicas, investigadoras y activistas lamentaron que se registren altos índices de asesinatos de féminas, pero consideraron más grave la impunidad con que se cometen, ya que muy pocos casos han sido castigados.
Esta semana, representantes de la Alianza Feminista entregaron al Instituto Nacional de Mujeres la solicitud de alerta para Guerrero, la cual se analizará y en próximos días la instancia informará si procede o no.
De acuerdo con las activistas, en el puerto de Acapulco se han registrado más homicidios de mujeres, y en ese orden le siguen Chilpancingo, Iguala, José Azueta, Coyuca de Catalán, Ometepec, Tlapa y Ayutla.
Otra cifra que expusieron fue que el Estado ocupa el primer lugar en asesinatos de mujeres entre 15 y 30 años de edad a escala nacional.
Desde diciembre pasado, en el Congreso local legisladores de Movimiento Ciudadano propusieron que se solicitara la alerta de violencia de género, pero la iniciativa no fue apoyada por los demás bajo el argumento de la proximidad de las vacaciones y que afectaría los destinos turísticos.
Además —dijeron las fracciones contrarias a la propuesta— no había una petición formal de organizaciones sociales defensoras de derechos de las mujeres.
Las activistas confiaron en que si el Ejecutivo federal emite la alerta se podrá contar con los recursos económicos y estrategias entre los tres niveles de gobierno, para abatir el problema.
Por norma, el Inmujeres cuenta con tres días hábiles para revisar que la solicitud de alerta cumpla con los requisitos de ley.
Deberán observar el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Lgamvlv). Después será enviada a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).
La Alianza Feminista aglutina a diversas organizaciones civiles, como la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres; Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos; Equidad y Autonomía en Movimiento; Comunidad Raíz Zubia, y la Red de Mujeres Jóvenes Indígenas y Afromexicanas, entre otras.
Para apoyar la solicitud de AVG en Guerrero, los grupos ciudadanos llamaron a juntar firmas a través de la plataforma Avaaz.
Concebida desde la Lgamvlv (promulgada en 2007), la AVG es un conjunto de acciones gubernamentales de urgencia para salvar la vida de las mujeres. La alerta prevé que una vez activada, los gobiernos estatales implementen acciones preventivas, de seguridad y justicia, y asignen los recursos necesarios.
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