Juan Ochoa Vidal
Descomposición a fondo
Los centenares de aspirantes a presidencias municipales que pululan a lo largo y ancho del territorio estatal, deben estar conscientes de la realidad económica, social y, en lo específico, presupuestal de los ayuntamientos. Sobre aviso no hay engaño. No pueden salirnos después con que no sabían en qué lío se metían, pues desconocían la profundidad de la crisis.
La cuestión es que hoy, a poco más de la mitad del trienio, casi todos los gobiernos municipales están enterados de que no tienen dinero para cubrir obligaciones salariales y con proveedores para los últimos meses del año.
No son más de dos o tres los ayuntamientos cuya situación financiera se caracteriza por un déficit actual no mayor a millón y medio de pesos, en tanto que los otros catorce o quince se encuentran en bancarrota, aunque con sus alcaldes esperanzados en que el gobierno del estado les adelante participaciones de 2015; ello, supeditado a que Enrique Peña, a su vez, eche un salvavidas.
Tienen encima demandas laborales por despidos injustificados que realizaron los anteriores ediles. Aun así, se excedieron en gastos. El monto de pago de laudos que eventualmente deberá pagarse, en algunos casos asciende a centenares de millones de pesos.
En su desesperación, en actitud que denota falta de valor civil porque tiran la pelota y se esconden, nueve alcaldes recurrieron ayer al dirigente provisional del PRD para amenazar con el cese de pagos a la CFE y la utilización de la policía, como hace unos días hizo el Avenamar Pérez, para impedir el corte del servicio.
¿Eso se puede hacer? En la práctica sí, pero traerá consecuencias de tipo penal para quienes se atrevan a ordenar tal acción y a instrumentarla, además del abultamiento de adeudos que tarde o temprano deberán pagar las actuales o siguientes administraciones, como sucede con los laudos laborales que ya están poniendo en riesgo de juicio político y cárcel a las autoridades en funciones.
Con todo ello, Tabasco se encamina hacia el agravamiento de sus problemas de toda índole. La pregunta es hasta dónde vamos a llegar así. Y hasta dónde se permitirá que ello suceda.
Estamos en una coyuntura en la cual la Legislatura del Estado tendría que actuar con energía, para frenar los excesos y la descomposición que afecta a casi todos los diecisiete municipios.
De entrada, porque además existe justificación legal y administrativa para tal efecto, debieran ser reprobadas las cuentas públicas 2013 y actuar penalmente en municipios como Jalpa, Teapa, Tacotalpa, Macuspana, Centla, Nacajuca, Balancán, Cárdenas, entre otros.
Está en juego mucho más que la confianza ciudadana y estabilidad social.
Reforma judicial: lo urgente
La Legislatura local abrogó ayer el Código de Procedimientos Penales y el Procesal Penal Acusatorio para el Estado de Tabasco, al tiempo que aprobó la Declaratoria de Inicio de Vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales, que entrará en vigor de manera gradual en los diecisiete distritos judiciales y representa, de antemano, un cambio de fondo en el sistema judicial.
Por mandato constitucional, dicho código deberá estar vigente en todo el país el 18 de junio de 2016. En Tabasco se aplicaban parcialmente las nuevas disposiciones en la materia desde septiembre de 2012, en principio sólo en Macuspana. Existen varias diferencias entre la legislación nacional ahora aprobada y la que ya quedó abrogada.
Con esto, Tabasco se convertirá en el quinto estado que adopta anticipadamente el Código Nacional de Procedimientos Penales, que contempla los juicios orales pero mucho más que eso, en virtud de que, entre otras cosas, rompe el secretismo judicial.
En la calendarización para su vigencia se contempla que en Macuspana se aplique sesenta días después de publicado el decreto. Para Jalapa, Teapa y Tacotalpa, la fecha es 6 de octubre, en tanto que Paraíso y Centla 15 de diciembre de este mismo año. Los demás municipios, en 2015, a excepción de Cárdenas que queda para el 25 de abril de 2016 y Centro para apenas doce días antes de que venza el plazo nacional.
Empero, ahora urge que, a marchas forzadas, se habiliten laboratorios periciales en los que sea posible realizar incluso pruebas de ADN, al igual que salas para juicios de control y juicio oral, situación que implica una fuerte erogación presupuestal.
Y Adán se arrugó
Al anochecer había sido aprobado en lo general el primer paquete fiscal energético. El senador moreno Adán López Hernández reconsideró la postura manifestada el pasado viernes y, finalmente, votó en contra de la reforma energética, incluida la vertiente fiscal.
“En su momento dije que si las nuevas reglas fiscales que se derivan de la reforma energética beneficiaban sustantivamente a Tabasco valoraría mi voto; desafortunadamente no ha sido así, porque la cantidad que posiblemente se otorgue al estado el próximo año resultaría insuficiente aun en el caso de que fuera del orden de los mil millones de pesos anuales”, esgrimió.
En cambio, el senador Fernando Mayans Canabal cumplió la palabra que comprometió con Arturo Núñez Jiménez. Pasó a ser el único perredista que en el Senado se salió de la línea de su partido.
Voté, indicó Mayans, “a favor de la lucha de la izquierda y no como un gesto de generosidad al PRI y al PAN; un punto a favor de la lucha para que el país avance y salga de la miseria que tanto duele”.
Así, el pleno senatorial aprobó en lo general, por 91 votos a favor y 25 en contra, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, al igual que reformas y derogaciones en la Ley Federal de Derechos y Ley de Coordinación Fiscal, y la Ley de Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo.
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