viernes, 29 de agosto de 2014

ENTORNO / Javier Marín Hernández / CFE ¿Triunfaron los usuarios? / Columna / Vier Agosto 29

ENTORNO

Javier Marín Hernández
Publicado en el Diario EL HERALDO DE TABASCO

CFE ¿Triunfaron los usuarios?

La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permite a cualquier ciudadano ampararse en contra de cobros indebidos aplicados por parte de la Comisión Federal de Electricidad es una decisión que sin duda complicaría un eventual acuerdo con esta empresa para resolver el problema de la resistencia civil que está a punto de cumplir dos décadas el próximo 20 de Enero del 2015.

Con la decisión se modificó la disposición del máximo tribunal del país que consideraba a la Comisión Federal de Electricidad “no autoridad” y por lo tanto no procedía el amparo cuando se reclamaba el aviso de recibo que expide por consumo de energía eléctrica, así también como el ajuste, cobro o corte del suministro.

La parte sustantiva de la decisión de los ministros de la Corte concluye que en el análisis constitucional se consideró que es claro que en la suscripción del contrato de suministro de energía eléctrica el usuario se somete a las condiciones que dicta la Secretaría de Economía con el aval de su contraparte de Energía y que derivan de la ley, sin posibilidad de negociación, aspecto que no es característico de los contratos entre particulares en un plano de igualdad, de manera que en el caso tal contrato no emerge de un plano de igualdad.

De acuerdo al mandato de la Corte los usuarios “no tendrán la obligación de contratar a un abogado particular, puesto que podrán solicitar la asesoría y representación del Instituto de Defensoría Pública que funcionan en todo el país”.

¿Pago o no pago?

En un ejercicio simple pregunté a un grupo de ciudadanos tabasqueños su opinión respecto a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a la CFE, todos los consultados consideraron como una acción tardía, pero, al final justa, porque permitirá a los usuarios emprender una queja formal ante la paraestatal y seguir contando con el servicio.

El grupo de usuarios y consumidores consideran que los cobros por el suministro de energía eléctrica por parte de la CFE son exagerados y que no corresponden a su consumo.

Hasta en las casas más humildes, donde apenas existe un televisor, un radio y un par de focos o tres los recibos por consumo de energía eléctrica son altísimos, por lo que ellos, los usuarios, parecen tener la razón de su parte.

Si el ejercicio se extiende a toda la entidad, de manera inequívoca la mayoría, sino es que todos los usuarios considerarían injustos los cobros por parte de la CFE.

Líderes políticos, sociales y otros gestores consideran un triunfo la resolución de la Suprema Corte por lo que la opción que ahora están evaluando es la de no aceptar ningún esquema de pago, aunque este sea mínimo, ante una eventual propuesta del Gobierno Federal para finiquitar la deuda histórica por resistencia civil. Esto es: no pagarán.

Y la estrategia de CFE

Ante lo que ya sabían que vendría, los funcionarios de la CFE diseñaron una estrategia por anticipado mediante la cual se venderían tarjetas precargadas para el suministro de energía eléctrica tal y como funcionan las compañías que brindan servicios de telefonía celular, una vez agotado el saldo, el usuario de energía eléctrica tendría que recargar, de lo contrario se quedaría sin el suministro.

El tema está en fase de prueba en algunas zonas del país y en proceso formal para establecer este mecanismo de operación de manera que esa podría ser la solución inmediata ante una eventual lluvia de amparos por parte de los consumidores.

¿Quién ganó y quien perdió?

Evidentemente por ahora, es posible que el ganador sea el consumidor.

También la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus ministros, esa aprobación sumaria, podría convertirse en lo contrario cuando les toque resolver las demandas de los usuarios pero, ¿en base a qué criterios, condiciones y leyes?

La discusión es todavía más profunda.


CONTORNO

Alcaldes ¿en problemas?

Los alcaldes de Jalapa, Cárdenas y Macuspana, Ovidio Hernández Pérez (PRI) Avenamar Pérez Acosta y Víctor Manuel González Valerio (PRD) enfrentan procesos internos por malversación de recursos públicos y por una serie de irregularidades que los tendrían a punto de separarse de sus cargos para enfrentar las graves acusaciones que pesan en su contra.

De acuerdo a fuentes internas del Congreso del Estado, los diputados han coincidido en el enorme problema de corrupción que impera en esos ayuntamientos, por lo que preparan una salida legal en la que estarían involucrados estos ediles, lo que equivaldría a su separación.

El Órgano Superior de Fiscalización tiene conocimiento del tema e incluso documentadas las irregularidades.

¿Qué tan sólidos son los argumentos jurídicos?

De acuerdo a las fuentes cuentan con todos los elementos de prueba para proceder en contra, sin embargo, entre los legisladores subyace la idea de que es el momento de poner un ejemplo contundente, para reivindicar al Poder Legislativo en función del futuro de cada uno de sus integrantes, muchos aspiran a las alcaldías y otros cargos.

Pronto más evidencias.

javiermarinhdez@hotmail.com

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