Publicado en Proceso
Álvaro Delgado
28 de julio de 2012
Comicios 2012
Reunión de panistas en Los Pinos el 3 de julio de 2012.
Foto: Presidencia
La derrota en las urnas profundizó aún más las diferencias entre las corrientes del PAN, tanto que sus militantes no se ponen de acuerdo acerca de cómo y cuándo se reunirán para “reflexionar” sobre el futuro de ese partido. Juan José Rodríguez Prats, de vieja militancia y ninguneado por el propio presidente Felipe Calderón y Gustavo Madero, sostiene que el reto es deslindar la relación gobierno-partido. “Eso es lo fundamental”. También pone el acento en los miles de panistas –muchos de ellos de la casta dorada de la burocracia federal– que pasarán al desempleo a partir del 1 de diciembre.
En medio de la disputa de facciones por el control del Partido Acción Nacional (PAN) y la “reflexión” cupular de la debacle, así como el activismo de Felipe Calderón para mantener el control partidario y neutralizar la sospecha de pactar con el priista Enrique Peña Nieto, hay una única certeza: Miles de panistas en el gobierno federal se sumarán a las filas del desempleo a partir del 1 de diciembre.
La nómina federal –una casta de funcionarios con onerosos sueldos y prestaciones– fue precisamente un instrumento de Calderón para controlar y cohesionar a su grupo político que, ahora dividido y hasta confrontado, fue hegemónico en el sexenio en los órganos de dirección del PAN, particularmente el Consejo Nacional y el CEN.
Ante la renuncia que deben presentar en el gobierno federal, a más tardar el 1 de diciembre, los panistas de la alta burocracia federal exploran a qué dedicarse: Unos a asociarse en consultorías, otros quieren cabildear en el Congreso, algunos incorporarse al sector privado y hasta cancelar su afiliación para quedarse en el próximo gobierno.
Pero el drama del desempleo de miles de burócratas panistas, como el que padecen más de 2 millones y medio de mexicanos –el 4.98% de la población económicamente activa–, es sólo una parte de lo que sufre el PAN tras el desastre del 1 de julio, explica el exsenador Juan José Rodríguez Prats:
“Hay varios grupos. Los preocupados: qué voy a hacer el próximo sexenio; los desertores, que están pensando en largarse; los felices, que ya resolvieron su problema económico; los decepcionados, que dicen que los principios no sirven; los soñadores, que preguntan dónde está el PAN de los fundadores, y los que seguimos continuando (sic).”
La nómina federal –que en los mandos medios y superiores son unos 25 mil servidores públicos, 2 mil de ellos de la casta dorada– fue uno de los mecanismos de poder que usó Calderón para someter al PAN, en contravención a lo que dispone el Código de Ética de los Servidores Públicos, de carácter obligatorio para todos los militantes.
Esa disposición establece en el artículo 31: “Evitaré usar o permitir el uso del cargo o comisión para coaccionar o inducir alguna conducta a la militancia panista. Respetaré el derecho de los subalternos a votar libremente en las asambleas o convenciones partidarias.”
La realidad fue la contraria, asegura Rodríguez Prats: Calderón manipuló, desde que asumió el Ejecutivo, los órganos del PAN para imponer a Germán Martínez y César Nava, a cuyo sometimiento se sumó Gustavo Madero, el actual presidente. “El Código de Ética fue una burla. Se violó desde el principio”.
Pero así como Calderón usó la nómina federal para colocar a sus incondicionales y comprar lealtades, observa Rodríguez Prats, también integró “listas negras” de quienes son identificados como enemigos del “calderonismo”, como fue su propio caso.
“Además de intervenir en la vida interna del PAN, otro problema desde el origen del gobierno de Calderón fue el de las listas negras y las fobias. Sembró la discordia en el PAN, en un partido que se había caracterizado por un ambiente de generosidad y de camaradería. Esa también es culpa de Felipe Calderón, porque empezó con eso de que quién es calderonista y quién no es calderonista.”
Crítico del gobierno de Calderón –a cuyo gabinete calificó de “mediocre”– y de su intervencionismo en el PAN, que le valió la marginación, Rodríguez Prats reafirma que el principal problema de ese partido no es, como quieren Calderón y Madero, una simple reforma a los estatutos.
“Eso es maquillaje. Lo que se requieren son decisiones para asumir el reto de deslindar lo que desafortunadamente se estuvo postergando: la relación gobierno-partido. Eso es lo fundamental.”
Explica: “Son dos instituciones con tareas específicas que no deben imbricarse y desafortunadamente el PAN incurrió en los errores del partido de Estado, que eso fue el PRI. Se arraigó tan fuerte la cultura priista que el PAN la imitó”.
A diferencia de Vicente Fox, quien “fue respetuoso del PAN”, Calderón lo avasalló al imponer a Germán Martínez y César Nava como presidentes y luego, acusa el exlegislador, someter a Madero con su consentimiento.
“A Felipe, como conocía al PAN y a todos sus cuadros, se le permitió más intervenir en su vida interna, y eso Gustavo lo permitió. Ese es el error, esa es la falla del PAN”.
–¿No hay entonces una disputa de Calderón-Madero por el PAN?
–Lo que estamos esperando todos los panistas es que Gustavo tenga los arrestos para sumir el liderazgo, pero lo que sucedió, desde que tomó posesión, es simplemente someterse a la voluntad de Calderón. Y ese es su mayor pecado.
A la calle…
La derrota del 1 de julio no sólo generó las reyertas en curso en el PAN, sino que cimbró a la alta burocracia federal que vivió con holgura y con lujo en al menos uno de los dos sexenios panistas.
El sector central de la Administración Pública Federal está constituido por 51 mil plazas de mandos medios y superiores, desde el titular del Ejecutivo hasta directores de área. Estos últimos forman el grueso de las plazas de confianza, con 40 mil.
Pero la casta dorada de la alta burocracia federal la constituyen 4 mil 318 funcionarios con nivel de secretarios, subsecretarios, jefes de unidad, oficiales mayores, directores generales, y 7 mil 200 con rango de directores generales adjuntos.
Todos éstos, sobre todo los 4 mil 318, son designaciones presidenciales, de secretarios y subsecretarios, y casi todos son militantes panistas o simpatizantes, la mayoría contratados por el gobierno de Calderón.
Sólo un personaje de jerarquía trascendió los sexenios de Fox y Calderón: Luis H. Álvarez, el expresidente del PAN que no ha dejado de cobrar una sola quincena. Su plaza es de director general: Cobra al mes 192 mil pesos brutos y 136 mil netos.
Además de los 19 secretarios de Estado, hay 765 plazas del mismo nivel en toda la administración pública: Uno es Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien devenga 205 mil pesos mensuales brutos y 145 mil libres de impuestos.
La vocera de Calderón, Alejandra Sota Mirafuentes, tiene rango de subsecretario de Estado, con sueldo mensual bruto de 203 mil pesos y 144 mil libres, el mismo que devenga la coordinadora de opinión pública de la Presidencia, Fernanda Vergara Audiffred.
(Extracto del reportaje que aparece esta semana en la revista Proceso 1865, ya en circulación)
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