jueves, 24 de enero de 2013

TABASCO POLÍTICO / José Luis Gutiérrez Gutiérrez / Columna / ABERRANTE DECISIÓN FAMILIAR / Ene 24

Publicado en el Diario el Heraldo de Tabasco
 jlggutierrez@hotmail.com
ABERRANTE DECISIÓN FAMILIAR

            Salvo pruebas en contra, el presidente del Consejo Administrativo del Club de Beisbol Olmecas, Carlos Elías Dagdug Martínez, y sus hijos Juan Luis Dagdug Nazur y Carlos José Dagdug Nazur están flagrantemente conculcando no sólo la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos estatales, sino la propia Constitución Política del Estado de Tabasco.

            Ilegalmente Dagdug Martínez nombró como Presidente Ejecutivo del Club Olmecas a Juan Luis Dagdug Nazur, y como responsable de Operaciones Deportivas y Financieras del mismo equipo de beisbol a su otro consanguíneo, Carlos José Dagdug Nazur, al ser éste designado  titular del Instituto del Deporte del Estado de Tabasco (INDETAB), el pasado 31 de diciembre.

            En la entidad es del dominio público que Los Olmecas son del gobierno a pesar de que está registrada como una sociedad anónima de capital variable, sin embargo, es la administración en turno la responsable de pagar la nómina de jugadores y trabajadores y hasta porras.

           Es el mismo gobierno que también sostiene desde hace años a toda la burocracia del INDETAB.

            Por ello sorprende e indigna a la comunidad deportiva y a la fiel afición del llamado Rey de los Deportes que siendo licenciado en Derecho y fedatario, don Carlos Elías Dagdug Martínez haya hecho caso omiso de nuestra Carta Magna y de las leyes secundarias que prohíben rotundamente la práctica del nepotismo, y que el propio gobernador, Arturo Núñez Jiménez, condenó enérgicamente en su espectacular y brillante toma de protesta.

            El artículo 47 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tabasco dice: “Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones que corresponden, sin perjuicio de sus derechos laborales”.

            En su inciso XIII señala: “Excusarse de intervenir en cualquier forma en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas forman o hayan formado parte…”

            El artículo 66 de nuestra Carta Magna estatal define a los servidores públicos de la siguiente manera: “…a todo aquel que desempeñe un cargo de elección popular, un empleo o una comisión en cualquiera de los tres poderes del Estado, en los ayuntamientos y en los órganos desconcentrados, organismos descentralizados, órganos autónomos (…) empresas de participación estatal o municipal, fideicomisos públicos, órganos jurisdiccionales y en general toda persona física que perciba una retribución con cargo al erario…”   

            El quid del asunto es que la Contralora estatal Patricia Jiménez Oropeza tiene motivos de fondo para sancionar no sólo a Don Carlos Elías Dagdug Martínez, sino a Carlos José Dagdug Nazur, quienes podrían ser cesados de sus actuales encomiendas por negligentes e irresponsables.  

            Después de todo el buen juez por su casa empieza. ¿O no?

“SQUOD SCRIPS, SCRIPSI”

(LO ESCRITO, ESCRITO ESTÁ)

            Quien también debe de estarse comiéndose las uñas de las manos y hasta la de los pies, es el todavía director general de la CONAGUA, Jorge Octavio Miganjos Borja. El mismo que cuando llego a la entidad juró y perjuró que era un hombre honrado y que no tenía nada de qué   arrepentirse.

            Empero, el expediente que le están armando las autoridades federales ya rebasó la media docena de carpetas, pues aparte de los contratos millonarios que negoció con sus cuates del alma mediante concursos amañados, están a punto de cerrar las investigaciones por el terreno que compró  -ilegalmente lo rellenó- en la Laguna de las Ilusiones para erigir la faraónica mansión que está construyendo.

            No hay necesidad de ser ingeniero o arquitecto para darse perfectamente cuenta de que con el sueldo que gana y ha ganado no le hubiera dado ni para el enganche de los metros comprados, y menos aún para la soñada construcción.

            Cuando reviente la bomba hasta los suegros van a salir a relucir, y de paso hasta el parentesco con un funcionario de la administración estatal que tiene fama de miserable.

            Está visto que en Tabasco todo mundo hizo negocio en detrimento de los tabasqueños, y avecindados aquí.
 
            Total, en la tierra del tuerto, todos son rey.

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