· Que culpables no evadan cárcel
Transcurridos los primeros 30 días del gobierno que
encabeza Arturo Núñez Jiménez, plazo establecido por la norma para concluir el
proceso de entrega-recepción, es de esperarse que ya se cuente con suficientes
elementos para proceder legal y administrativamente contra los ex servidores
públicos que hayan participado en el desfalco al erario de los tabasqueños.
Fue el propio gobernador quien aseguró el pasado 19 que hasta
esa fecha ya había encontrado “huellas del saqueo” que sufrió el estado en el
anterior régimen. Inclusive señaló que tenía elementos para construir los casos
que sustentarían las demandas.
Por si hubiese alguna duda en el sentido de que a pesar
de las innumerables acusaciones contra los ex funcionarios presuntamente
corruptos no fuesen más que producto del imaginario colectivo, Núñez Jiménez
certificó que “puedo
adelantarles que hay elementos (para entablar demandas), lo grave es que no los
hubiese no obstante que todo Tabasco sabe que ha habido un saqueo; a veces
(este tema) se reduce en la conversación cotidiana al dicho de la gente de que
se les acusa de pillos, no de tontos, y que no dejaron huella. Éstos sí dejaron
huella y vamos a proceder”.
Días antes, en su toma de protesta, el titular del
Ejecutivo fue enfático en señalar que la ley lo obliga a sancionar a quien haya
vulnerado el Estado de Derecho en perjuicio del pueblo de Tabasco y por tanto
no encubrirá a nadie haciéndose cómplice “de quien haya hecho privados en su beneficio
los recursos públicos de los tabasqueños”.
Y como no hay fecha que no
se cumpla, ni plazo que no se venza, bajo
tal lógica el pueblo de Tabasco espera que a partir de esta semana comiencen a
ser llamados a cuentas los “peces gordos” del régimen granierista e inclusive
el propio Químico, en caso de comprobarse que fue el “Padrino” de la mafia de
cuello blanco.
Si bien es cierto que el Ejecutivo cuenta legalmente con
otros treinta días naturales para tramitar a través de la Contraloría las
querellas correspondientes, el pueblo ya no quiere prolongar la espera.
Necesita, pide, exige acciones que respalden las palabras vertidas por la
autoridad.
¿Tendremos los tabasqueños la dicha de solazarnos con la
imagen de uno que otro ex secretario esposado cual vulgar delincuente? ¿Serán
ciertas las promesas de que no disfrutarán sus rentas mal habidas? Inevitable
la pregunta que todo Tabasco se hace: ¿Será llamado a cuentas el ex gobernador
Andrés Rafael Granier Melo, cuyo delito menor habría sido agarrarle la pata a
la vaca?
MÉTODO
Las anteriores interrogantes liberan como cascadas muchas
más, pero domina una en particular que encierra el temor de los ciudadanos a
ser engañados una vez más: Los pillos granieristas que sean privados de su
libertad ¿cumplirán condenas tan largas como su corrupción o serán liberados
luego de un tiempo relativamente corto?
Su escepticismo se basa en amargas experiencias del
pasado, recuérdense los casos de los ex alcaldes Hugo Alamilla Pérez (Paraíso),
Antonio Román Álvarez (Tacotalpa) y Antonio Priego Jiménez (Jalapa), por citar
unos de muchos más, quienes tras permanecer poco tiempo en la cárcel recuperaron
su libertad; y recientemente en el contexto nacional con la liberación de la
enfermera francesa Florence Cassez, exonerada del delito de secuestro y tortura
pese a ser identificada por sus víctimas.
O casos emblemáticos como los de los ex alcaldes Lourdes
Bolívar Gorra (Emiliano Zapata), Rodolfo Sánchez de la Cruz (Cárdenas), José
Luis Varela Álvarez (Centla) y Julio César Pérez Oropeza (Macuspana), en que
les reprobaron sus cuentas públicas y evadieron la cárcel huyendo o devolviendo
parte de lo robado.
DISCURSO
El circo mediático que se ha montado en torno a este tema
ha despertado a las masas y éstas piden sangre para saciar su sed de justicia.
Y como buen político, Arturo Núñez sabe que ‘vox populi’ es ‘vox dei’.
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