Columnas en Tabasco
Los trabajadores sociales son defensores naturales de los Derechos Humanos y esa tarea se ubica en un principio de justicia frente a la desigualdad que se vive en México, donde una treintena de familias acaparan la riqueza, mientras cuarenta millones de personas viven en pobreza extrema, sin empleo ni forma de subsistir, sostuvo el ombudsman Jesús Manuel Argáez de los Santos.
Dentro de esa desigualdad citó que más del noventa por ciento de los internos en las cárceles del país están privados de la libertad por falta de dinero para pagar un abogado, pagar una fianza o dar “mordidas”, de manera que parece ser que la justicia es para los ricos y las prisiones para los pobres.
El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) sostuvo lo anterior al ofrecer la conferencia “Los Derechos Humanos y el Trabajo Social” ante estudiantes y los miembros del Colegio de Trabajadores Sociales del Estado de Tabasco, A.C., quienes realizaron unas jornadas donde se incluyó la toma de posesión del consejo directivo que encabeza la licenciada María del Carmen Pérez Guillén.
Los Derechos Humanos están siempre vinculados a la democracia, dijo el presidente de la CEDH, quien con los trabajadores sociales y estudiantes analizó de manera puntual las cuatro generaciones que agrupan las prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona.
Destacó la trascendencia de los medios de comunicación para la difusión y fortalecimiento de los Derechos Humanos, donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación juegan un papel determinante.
Luego de analizar las causas y efectos de la delincuencia, el ombudsman Argáez de los Santos señaló que el trabajo social da rostro humano a la situación de desigualdad y niveles de injusticia que se viven en el país.
En una interacción con el auditorio, Argáez de los Santos puntualizó que los migrantes que entran al país de manera ilegal no son delincuentes y el Estado tiene la obligación de protegerlos.
Ilustró en el sentido de que tan sólo el año pasado en nuestro país se dieron once mil secuestros de migrantes, fenómeno ante el que el Estado Mexicano no puede renunciar a su obligación de proteger la integridad física de quienes estén en su territorio.
Señaló también que mientras en 2010 la CEDH trabajó en la capacitación de agentes de la Policía Estatal, este año la capacitación va dirigida a 1,800 oficiales municipales, a los que se les señala que Derechos Humanos no es óbice para que hagan su trabajo, porque este organismo público no mete preso a nadie, ni dicta autos de libertad, sólo vigila que el servicio público se ejerza bien.
Reiteró el ombudsman que Derechos Humanos no defiende delincuentes, sino la aplicación correcta de la ley.
De tal manera urgió un cambio radical de mentalidad para combatir la corrupción, la cual –para que se dé- tiene que ser entre dos personas.
No denunciar la corrupción es hacerse cómplice del fenómeno, dijo, al tiempo que propuso a la sociedad trabajar en nuevos esquemas de educación y valores para evitar ese vicio.
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