Columnas en Tabasco
• Le reenvía, para nuevo estudio, expediente relacionado con la elección de concejales del municipio de San Miguel Tlacotepec
La Sala Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca que sobreseyó, por haberse consumado el acto impugnado, un recurso promovido por Ricardo Morelia León y otros en contra del acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral, relativo a la validación de la elección, por usos y costumbres, de Concejales de la agencia municipal de San Martín Sabinillo, del municipio de San Miguel Tlacotepec, Juxtlahuaca.
Morelia León y otros acudieron a la Sala Xalapa con la pretensión de que se revocara la sentencia del Tribunal local, lo cual fue fundado y el expediente fue remitido a esa instancia para que conozca de fondo el asunto y emita una nueva resolución conforme a derecho.
En la sesión pública, la Magistrada Presidente por Ministerio de Ley, Judith Yolanda Muñoz Tagle, señaló que jurídicamente no se podía sostener la irreparabilidad del acto, relativo a la toma de protesta de las nuevas autoridades, al existir diversas anomalías contrarias a la Ley Orgánica de esa entidad.
Consideró ilegal el acta de instalación solemne del ayuntamiento de San Miguel Tlacotepec, elaborada por la jefa del Departamento de Acreditación de Autoridades Municipales y el subsecretario de Fortalecimiento Municipal, ambos órganos dependientes de la Secretaría de Gobernación de Oaxaca, pues, contrario a la ley, no cuenta con la firma del presidente municipal saliente, quien, además, no intervino en ese acto y se carece de expresión alguna que justifique su ausencia.
Es decir, fueron los propios candidatos electos los que se tomaron posesión de forma unilateral. Además, en dicha acta tampoco existe manifestación o precisión alguna en la que se indique que el lugar donde se llevó a cabo el acto de toma de protesta corresponde al acostumbrado por la población.
La Sala Xalapa resolvió este viernes un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y dos juicios de revisión constitucional.
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