(Publicado en el Diario El Heraldo de Tabasco)
En desacato
Una situación absurda es la que se dio ayer en el ámbito legislativo, al abortar la reforma electoral. Prosperaron el oportunismo, la incongruencia y la cerrazón al diálogo. Se optó por el todo o nada. Y el diputado panista que preside el Congreso, Javier Calderón, quedó expuesto a ser desaforado y sometido a juicio político por desacato ante una instrucción judicial.
Hace varios meses, PAN y PRD promovieron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación un juicio de inconstitucionalidad que resultó en un mandato para que se reformaran la Constitución y la Ley Electoral de Tabasco, con el propósito de modificar la distribución de distritos electorales y el esquema de asignación de diputaciones plurinominales.
Eso era un logro, o un retroceso, para los ciudadanos de los diecisiete municipios del estado, según se quiera ver. Y es que al darse la redistritación, por lo menos Jonuta -gobernado y representado legislativamente por el PRD- se iba a quedar sin diputado.
De repente, a los dos temas esenciales de la reforma en materia electoral, se agregó el de la homologación de elecciones. No es que fuese mala idea, pero requiere un análisis profundo y establecer la pertinencia de su instrumentación a determinado plazo.
El priísta Fernando Morales Mateos, presidente de la comisión legislativa correspondiente, adelantó su simpatía, mientras que sus homólogos de Acción Nacional hablaban de la posibilidad de comenzar a aplicar una reforma en ese sentido a partir de 2015. En un primer momento, el PRD se reservó. ¿Por qué? Veamos:
Hubo quienes opinaban que incluso al PRI podría haberle convenido homologar la elección de gobernador, para presuntamente poder montarse en la ola del peñismo que tal vez llevará al tricolor de regreso a Los Pinos. Se decía que, así, el priísmo era el primer interesado.
Alguien más hasta aventuró que con ello el PRI se "vacunaba" contra la eventualidad de que Andrés López, probablemente de nuevo derrotado en la elección presidencial del primero de julio -si es que sus compañeros de partido lo dejan pasar, porque ya Marcelo Ebrard lleva bastante camino andado-, quisiera venir a competir por la gubernatura de Tabasco en octubre.
Los priístas se reservaban. Hasta hace pocos días no existía una postura ya definida de ese partido sobre la homologación. De pronto, el oposicionismo se percata de que al tricolor no le interesa homologar la elección de gobernador para 2012 y, entonces, PRD y PAN se alían para condicionar la reforma mandatada por la Suprema Corte a que en el mismo paquete se incluya, ahora sí, la multicitada homologación.
En realidad, lo razonable era cumplir en un primer tiempo lo dispuesto por el máximo tribunal del país, incluso mediante la votación unánime de los diputados de todos los partidos. Eso hubiese sido un ejercicio ejemplar, máxime que la iniciativa de esa reforma constitucional correspondió precisamente al oposicionismo.
En un segundo tiempo, las fracciones parlamentarias hubiesen podido sentarse a discutir el tema de la homologación y, quizá, negociar acuerdos que se tradujesen en un avance en la vida democrática de Tabasco.
Pero no. La decisión ahora fue hacer abortar, a toda costa, lo dispuesto por la Suprema Corte, institución a la que en tono ofensivo se refirió ayer el coordinador "legítimo" de la bancada perredista Juan José Peralta Fócil negándole legitimidad y credibilidad, mientras que el verdadero coordinador parlamentario, Juan José Martínez, optaba por mantenerse a buen resguardo para no salir raspado.
Y sí: la reforma abortó, en virtud de que sólo obtuvo 21 votos a favor cuando se necesitaban 24. ¿Qué sigue? El Congreso del Estado comunicará a la Suprema Corte que no se pudo cumplimentar su instrucción. El máximo tribunal dispondrá lo que a su juicio convenga.
El diputado Fernando Valenzuela citó ayer los ejemplos de Tlaxcala y Guanajuato, donde los congresos locales desacataron instrucciones de la Suprema Corte. La institución de inmediato emplazó al presidente de la mesa directiva cameral en ejercicio, a cumplir sus mandatos, so pena de atenerse a consecuencias legales.
En su alegato, Peralta Fócil trató de echarle la pelota a José Carlos Ocaña, presidente de la Junta de Coordinación Política, aunque existen esos dos antecedentes que no dejan margen de duda acerca de qué es lo que procede.
En su momento, desde tribuna, Ocaña Becerra confirmó que los priístas no se oponen a revisar posteriormente el tema de la homologación de elecciones:
"Es cierto -puntualizó- que se han planteado reformas a otros preceptos de la Constitución local. Sin embargo, ya se ha dicho por parte de los diputados del PRI e incluso se ha asumido el compromiso en el seno de la Junta de Coordinación Política, que esos preceptos se van a analizar con posterioridad, pues no tienen relación con el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
"Invito a los compañeros diputados de las fracciones parlamentarias -añadió- a no incurrir en desacato al fallo, pues podemos ser objeto de sanciones. Además pido que se deje constancia en el acta de esta sesión, de los nombres de las diputadas y diputados que hemos cumplido en tiempo y forma con el mandato de la Suprema Corte de Justicia, y de igual forma, se envíe la comunicación respectiva a ese alto tribunal para los efectos jurídicos que correspondan".
De los apuntes
El licenciado en comunicación Benjamín González Sumohano cumple hoy un año como director de El Heraldo de Tabasco. Sus resultados están a la vista: este periódico se consolida cada día como un espacio de periodismo plural, objetivo y confiable.
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