Villahermosa, Tabasco a 24 de enero de 2010.- La senadora del PRD, Rosalinda López Hernández, solicitó al procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, agilice las acciones de investigación para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, donde los jóvenes Víctor Manuel Chan Javier y Ramón Pérez Román fueron acribillados por integrantes del Ejército mexicano.
En un punto de acuerdo, la senadora Rosalinda López pidió que el Congreso de la Unión exhorte al titular de la PGR para que “con la mayor celeridad” deslinde responsabilidades, aplique las sanciones correspondientes e indemnice a las familias afectadas.
Recordó que el pasado 14 de noviembre los dos jóvenes “fueron acribillados sin justificación alguna”, cuando, según las autoridades, intentaron evadir un retén de seguridad; sin embargo, comentó que existe otra versión en la que se asegura que se trató de un operativo de patrullaje que realizaban elementos del Ejército mexicano, la Secretaría de Marina y las fuerzas de seguridad pública federal y del estado.
La legisladora por Tabasco comentó que el caso fue atraído por la PGR, no obstante, han pasado más de dos meses de los hechos y “la investigación parece estancada, no existen detenidos por los hechos y los familiares de las víctimas no han recibido por parte del Ministerio Público federal una versión creíble de cómo ocurrieron los hechos (…), lo que hace pensar que este caso se sumará a la larga lista de casos de impunidad que aqueja al país”.
Rosalinda López indicó que en los últimos cuatro años, el gobierno federal decidió poner en marcha la llamada “guerra contra el narcotráfico”, la cual ha tenido efectos “desastrosos”, porque “no sólo ha traído consigo detenciones de criminales o decomisos de dinero, drogas y armas de la delincuencia organizada, sino también grados de violencia e inseguridad sin precedentes, de cuyo saldo hoy se reportan más 34 mil asesinatos”.
“La torpe estrategia que emprendió el gobierno federal, supuestamente para disminuir la inseguridad, ha impuesto la restricción de los derechos humanos de la sociedad, la violación de éstos y un régimen de excepción en donde en muchas ocasiones las fuerzas de seguridad encargadas de combatir el hampa, no parecen distinguir entre delincuentes y civiles inocentes”, aseveró.
En el punto de acuerdo que fue turnado a la Primera Comisión de trabajo de la Permanente para su análisis y dictamen, la senadora del PRD manifestó que el Congreso de la Unión se ha pronunciado sobre la necesidad de llevar un registro puntual de los decesos de civiles donde se indique la edad, sexo y situación legal respecto a la comisión de delitos, a fin de que la población conozca la dimensión real de lo que “tristemente” el gobierno federal denominó como “daños colaterales” de la lucha contra el narcrotráfico.
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