• Diputados solicitarán reunión con el titular de la Dirección de Obras Públicas para solucionar el problema, a la brevedad posible
Habitantes del Fraccionamiento Prados de Villahermosa acudieron al Congreso del Estado para solicitar a los diputados Pascual Bellizzia Rosique y Juan José Martínez Pérez, hagan valer la Ley de Desarrollo Urbano, la cual fue violada por autoridades del municipio de Centro, que hace tres años otorgaron de manera irregular, permisos para instalar oficinas comerciales en zonas habitacionales.
La delegada municipal de ese fraccionamiento, Patricia Guadalupe Bocanegra, acompañada de Manuel Tellaeche, Gabriela Munguía, María del Socorro Sánchez, Teresa de Sosa, Rosario Falcón, Diana Lorena León y Ana Margarita Romero, solicitaron la intervención de los diputados para resolver el problema.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas, Juan José Martínez Pérez, y el secretario de la Comisión de Fomento y Desarrollo Industrial, Económico, Artesanal, Comercial y Turístico, Pascual Bellizzia Rosique informaron que solicitarán a la Dirección de Obras Públicas una reunión, para revisar la situación y entablar diálogos con los interesados, a fin de darle solución al problema, a la mayor brevedad.
La delegada municipal dio a conocer que dicha acción viola los artículos 152 y 153 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado, que establecen que a los fraccionamientos residenciales les corresponde la clasificación HUB, Habitacional Unifamiliar, por lo que el establecimiento de comercios y oficinas está prohibido.
Por lo anterior, exigen a las autoridades que hagan valer la Ley de Desarrollo Urbano que impide la instalación de comercios y oficinas en las zonas habitacionales, la cual fue violada por algunos propietarios del lugar, quienes de manera confabulada con autoridades de la pasada administración municipal, concedieron permisos a empresas privadas para establecer sus oficinas en ese lugar.
Externaron que durante el trienio pasado se otorgaron 36 permisos para negocios, de los cuales se interpuso la demanda para su clausura, y obtuvieron un resolutivo favorable a los habitantes del fraccionamiento.
El resolutivo, indicaron los colonos, no fue aplicado totalmente, ya que 20 empresas no fueron clausuradas; además de que la actual administración, según afirmaron, también ha otorgado permisos de manera irregular y ha hecho caso omiso de las demandas.
Este problema, precisó Patricia Guadalupe Bocanegra, fomenta la inseguridad en el fraccionamiento, debido al acceso de personas ajenas a la zona, y también provocan congestionamiento vial, acumulamiento de basura en las calles, e incluso, obstruyen las entradas a las casas habitación.
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