(Publicado en el Diario El Heraldo de Tabasco)
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Presas: negligencia histórica
La ceremonia de instalación de la primera mesa de diálogo para resolver el diferendo sobre la cuestión hidráulica, fue aprovechada por Conagua para curarse en salud. Curiosamente, en este caso el conjunto de obras demandadas por el gobierno estatal no corresponde a una ocurrencia unilateral, sino a un diagnóstico técnico formulado por los mismos expertos de la institución y, en años recientes, confirmado por el Instituto de Ingeniería de la UNAM.
En concreto, se plantea la urgencia de construir, aguas debajo de Peñitas, una presa de cambio de régimen. Esa obra debió hacerse a la par o poco después del levantamiento de aquélla, que comenzó en 1979. Queremos suponer que así lo dictaba el diseño original del sistema de control de avenidas del Alto Grijalva.
En la explicación del porqué se requiere allí una presa adicional que no genere electricidad, sino que sólo mantenga constante, sin cambios abruptos, el flujo de aguas que derivan en los ríos Tonalá, Samaria y Carrizal, radica la razón por la cual durante la reciente crisis se dejó de generar energía en Peñitas, y el porqué el gobierno de Tabasco se oponía a la reanudación de esa actividad.
Lo del párrafo siguiente nos lo explicó Armando Padilla, ex delegado de Conagua:
En un sábado o domingo, la demanda de energía disminuye y, en consecuencia, se reduce también la producción en las plantas hidroeléctricas como es el caso de Peñitas. Entonces, eso que se llama turbinación –palabra inventada por quién sabe quién-, se reduce de un día para otro de unos 750 o hasta 800 metros cúbicos por segundo, a quizá unos 380 o 350. Esa reducción impacta a los barrotes –lea usted las márgenes o paredes- de los ríos aguas abajo, y suscita debilitamiento, erosión, derrumbes.
El temor expresado por los asesores gubernamentales en semanas anteriores, consistió en que la caída abrupta, o también el incremento en el caudal de los ríos, provocaría que cayeran los bordos que tantísimos millones de pesos costaron; tanto los de concreto, como los de costalera.
En conclusión: los técnicos del gobierno federal saben desde 1959, cuando inició la construcción de la presa de Malpaso –a la que seguiría el levantamiento de La Angostura, Chicoasén y Peñitas-, que para el sistema hidráulico no bastaba con esas obras.
Los expertos, incluido nuestro ex gobernador Leandro Rovirosa, sabían que antes del punto donde las aguas se precipitan hacia la llanura tabasqueña, haría falta la multicitada presa de cambio de régimen. Empero, por negligencia gubernamental, no se hizo.
Asimismo, estaban enterados de que a dicho sistema habría qué darle mantenimiento integral de manera permanente; que habría qué desazolvar vasos y cauces periódicamente, situación que se diagnosticó como crítica en 1982, durante una reunión de evaluación encabezada por José López Portillo en el Salón de Gobernadores de Palacio de Gobierno, una semana después de la erupción del volcán Chichonal; que habría que impedir la deforestación del entorno, que ya ocurría a pasos acelerados…
Conocían que conforme hubiese un hasta cierto punto inevitable azolvamiento en las presas, y con ello disminución en la capacidad de almacenamiento de aguas, sería obligado revisar aquello que nos conduce a otro punto demandado hoy por la administración estatal: modificar las curvas guías de las presas.
Todos, autoridades federales, estatales y municipales, y desde luego los expertos, sabían hace décadas que todo eso no bastaba: que urgía resolver la cuestión de cómo facilitar el desalojo de aguas en el Golfo de México.
Esto último ha sido motivo de polémica desde la década de los setentas, cuando conocedores del tema como Rovirosa planteaban que se tenía que abrir un canal Samaria-Golfo; pero un grupo de ambientalistas de la época, entre quienes se encontraba el hoy senador Arturo Núñez, se opuso por considerar que implicaría aniquilar el ecosistema de la laguna Mecoacán, al inyectársele así agua dulce y espeso aluvión a un recinto salino que da vida a especies de cuya captura, aún hoy, subsisten pescadores de la región.
No poseemos la verdad absoluta sobre ese tema, aunque quizá el alto costo ecológico que habría resultado por la construcción de ese polémico proyecto, no tendría comparación con la tremenda afectación que han continuado suscitando las inundaciones en las siguientes tres décadas.
Para resolver el problema del desalojo de aguas provenientes del sistema de presas se ha propuesto también ensanchar y ahondar el cauce del Tonalá, así como la red de drenes del Plan Chontalpa a la que apenas recientemente se le dio algún mantenimiento.
En realidad, para hacer todo lo que se tiene qué hacer al respecto, se requiere muchísimo dinero con el cual sí se contaba, prácticamente sin limitantes, a finales de los setentas e inicios de los ochentas. Para eso pudo habernos servido el boom petrolero. No se hizo. Pero es mucho lo que aún hoy se puede lograr.
Por lo pronto, lo que se apreció ayer, durante la ceremonia de instalación de la primera mesa de trabajo fue el esmero con el que el subdirector general técnico de la Conagua, Felipe Arreguín, apresuró la autoreivindicación.
De acuerdo con un comunicado de Conagua, Arreguín “enfatizó que las decisiones consensuadas tomadas por los (¿integrantes del?) Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas Regional durante la etapa más crítica de la reciente en contingencia fueron fundamentales para minimizar los efectos en la planicie tabasqueña de las lluvias torrenciales registradas en Tabasco, Chiapas y Guatemala durante el periodo julio-octubre del año en curso”.
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