País / Formalmente presos empleados extorsionadores de la PROFECO / Oct 15

Dictan auto de formal prisión a empleados de la PROFECO por extorsión

2010-10-15

Ciudad de México.- El Juzgado Décimo Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, bajo la causa penal 143/2010, dictó auto de formal prisión contra seis empleados de la Dirección General de Verificación de Combustibles de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por su probable responsabilidad en el delito de extorsión calificada, derivado de las investigaciones coordinadas por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de la Justicia (UEIDCSPCAJ) de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) de la Procuraduría General de la República.

El Representante Social de la Federación inició la averiguación previa AP/PGR/UEIDCSPCAJ/SP/M-X/144/2009, derivado de la querella interpuesta por el propietario de la estación de servicio 3383 Vima-Ol, S.A. de C.V. y las personas encargadas del manejo del dinero producto de la venta del día, el pasado 12 de julio se ejercitó la acción penal contra Dante Gabriel Rubí Hidalgo, Gaspar Reyes Velázquez, Omar Alejandro López Antón, Eddy Arturo Corral Villegas y Gerardo Retana Chávez.

En la denuncia se señalaba que verificadores de la Profeco se presentaron en las instalaciones de dicha empresa y exigieron las cantidades de seis mil y dos mil pesos, respectivamente, para no clausurarles las máquinas despachadoras de combustible, dinero que les fue entregado por el encargado de la estación.

Cabe señalar que las órdenes de aprehensión contra Rubí Hidalgo, Reyes Velázquez, López Antón, Corral Villegas y Retana Chávez fueron cumplimentadas en las instalaciones de la Profeco.

En tanto que, Acosta Maldonado, quien causó baja de la Profeco, fue aprehendido cuando salía de su domicilio particular.

Lo anterior forma parte de las tareas del Gobierno Federal para recuperar la confianza en las instituciones encargadas de procurar la seguridad y la justicia, así como la tranquilidad de la ciudadanía.