miércoles, 24 de marzo de 2010

Ojo Visor: Jacinto López Cruz /Mar 24

Jacinto López Cruz
jaclop62@hotmail.com
(Publicado en el Diario Rumbo Nuevo)

En dilema

Metido en un dilema, el consejo estatal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana a cuya cabeza se encuentra el consejero electoral, Alfonso Castillo Suárez finalmente tendrá que echar mano del patrimonio del ese instituto para saldar los adeudos con los partidos político que hasta la presente fecha no han recibido sus prerrogativas, tal como lo marca la ley de la materia, porque hasta donde se alcanza a observar el Ejecutivo no le dará un solo peso de ampliación presupuestal tal como lo solicitaron, por la austeridad económica que se ha decretado en el estado.

A pesar de que Enrique Galland Márques, dejó sumido en el caos al Instituto electoral al no defender el presupuesto que había solicitado para el ejercicio 2010, porque en el pecado llevaba la penitencia al haberle sobrado más de 50 millones de pesos de los 355 millones que solicitó para realizar las elecciones constitucionales del año pasado, y extrañamente tampoco rindió un informe pormenorizado, ni a los consejeros ni a nadie, de cuánto fue el costo de dichas elecciones, se fue con todo tranquilidad, (aunque por la puerta trasera) y ni siquiera un “extrañamiento” se ha emitido en su contra, porque si hay alguien responsable del problema financiero que en éste momento enfrenta el órgano electoral, es precisamente el ex-consejero presidente y su achichincle, el Secretario Ejecutivo, Armando Xavier Maldonado que se jacta entre sus conocidos que no lo moverán del cargo, porque presuntamente existe un acuerdo subterráneo para sostenerlo en el puesto, aunque se guarda muy bien de decir con quien o quienes es el supuesto acuerdo para que siga cometiendo pifias jurídicas que seguirán repercutiendo dentro de la misma institución.

A unas semanas de que el Tribunal Estatal Electoral revocó el ilegal acuerdo mediante el cual el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana recortaba las prerrogativas de ley a todos los partidos políticos con representación en ese órgano y que de acuerdo a la ley de la materia deberían recibir sus prerrogativas sin mocharles un solo peso, el propio instituto se debate en el dilema de echar mano del patrimonio que asciende a más de 86 millones o sigue manteniendo viva la esperanza de que el Ejecutivo escuche “los ruegos” para ampliarles el presupuesto asignado para éste año, pero todo hace suponer que tal ampliación no se hará efectiva, porque ante la austeridad económica decretada por el mismo jefe del Ejecutivo estatal, es casi un hecho que no se les dará ni un peso, por lo cual, lo más probable es que finalmente los más de 50 millones de pesos que sobraron de las elecciones de 2009 y que pasaron a formar parte del patrimonio del Instituto electoral, sean afectados para entregarle a la brevedad las prerrogativas de ley a los partidos políticos, para hacer efectivo el ordenamiento legal del Tribunal Estatal Electoral.

De que hay responsables de éste problema interno que está viviendo el Instituto Electoral los hay, únicamente habría que revisar la pésima actuación del ex-consejero presidente, Enrique Galland y la participación directa del Secretario Ejecutivo, armando Xavier Maldonado, en la nula defensa del presupuesto que se ejercería durante éste año, que les fue recortado, porque obviamente, al no haberse gastado todo el presupuesto que se les entregó para realizar las elecciones constitucionales de 2009, era lógico suponer que se los recortaría, tal como hace el gobierno federal con algún gobierno estatal cuando no ejerce todo el presupuesto que le asignan para un año, al siguiente se los recorta. Galland no fue capaz de alzar la voz para exigirle al Congreso local o al Ejecutivo que les entregara el presupuesto que habían solicitado porque carecía de argumentos para hacerlo, pero en cambio, se fue por la forma más fácil de ahorrarse recursos, realizó un ilegal acuerdo donde recortaba las prerrogativas económicas a los partidos políticos, los cuales sabiendo que les asistía la razón optaron por acudir al Tribunal Estatal Electoral para que se les retribuyera lo que a derecho corresponde, de tal manera, que el TET al revocar dicho acuerdo y ordenarle al IEyPCT que le entregue los recursos económicos que les corresponde a los institutos políticos se encuentra metido en un serio dilema, que de una u otra forma tendrá que resolver.

Finalmente, al Consejo Estatal del Instituto Electoral no le quedará otro camino más que apechugar las pifias jurídicas en que los dejó metidos Enrique Galland y Armando Xavier Maldonado, y tomará los recursos económicos de su propio patrimonio para saldar las prerrogativas a los partidos políticos; ¿el entrampamiento jurídico no tiene un castigo?, vaya, cuando menos los consejeros electorales deberían de reconocer en público que el ignorante ex-presidente consejero y el sedicente “doctor” en derecho electoral (Armando Maldonado), los dejaron metidos en un atolladero, aunque la ignorancia electoral no los exime de responsabilidades, aunque en éste México nuestro, lleno de contrastes, lo más seguro, es que no sean tocados ni con el pétalo de una rosa.

OJITOS

El resolutivo emitido por el Tribunal Colegiado de Circuito a instancia del demandante Jorge Arturo Pérez Alonso, que presuntamente invalidaría los Fiats a varios de los Notarios Públicos que recibieron su nombramiento en el último año de la administración estatal de Manuel Andrade Díaz, todavía va para largo, pues de acuerdo a las declaraciones de la magistrada presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Irma Wade Trujillo, dicho asunto lo resolverán hasta que regresen de semana santa, y aunque se ha filtrado de que podrían revocarse los Fiats, nada de eso hay seguro, dado que el Tribunal Colegiado dejó en plenitud de jurisdicción al Tribunal de lo Contencioso para que emita un nuevo resolutivo respecto a las notarías que están en funciones.Por lo tanto, la segunda sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, a cargo de Lus María Armenta León, tendrá el suficiente tiempo para estudiar y reestudiar el procedimiento a seguir para reponer un nuevo resolutivo relacionado con las 13 notarías impugnadas.

Lo cierto de todo esto, es que aquí se conjuga la cuestión legal con la cuestión política ya como el Fiat que otorga el jefe del Ejecutivo estatal en turno para ejercer el notariado es de su exclusiva competencia, desde luego observando los procedimientos legales que existen, éste asunto se llevará más tiempo de lo que quieren algunos malquerientes de los notarios impugnados, dado que concediendo sin conocer a fondo el resolutivo del Tribunal Colegiado, que efectivamente haya solicitado la revocación de los Fiat, los notarios que presuntamente les podrían retirar las patentes, estarían en todo su derecho de impugnar ese resolutivo por la vía del amparo. Como decimos en nuestro argot, la morcilla todavía tiene mucha sangre y nadie debe cantar victoria antes de tiempo, mucho menos Jorge Arturo Pérez, quien podría pasar varios años peleando su derecho para ser Notario Público, y eso está en chino.

VISORCITO

La secretaría de Seguridad Pública estatal a cargo del mayor, Sergio López Uribe, se declaró listo para vigilar la máxima feria de los tabasqueños, ya que mediante un operativo que implementarán las dependencias del gobierno estatal en coordinación con el ayuntamiento de Centro, se garantizará el orden y seguridad durante la Expo Tabasco Nuestra Feria 2010, al tiempo que se mantendrán puntualmente funcionando los servicios públicos, de modo que tabasqueños y visitantes disfruten de cada uno de sus eventos con absoluta tranquilidad.la corporación policiaca dispondrá de mil 725 elementos móviles y fijos. No obstante, convocó a los tabasqueños a que contribuyan a fomentar un ambiente de tranquilidad, adoptando para tal fin medidas de buen comportamiento, entre ellas no ingerir bebidas embriagantes en exceso, evitar llevar a niños o a embarazadas a espectáculos masivos, como la imposición de bandas. El compromiso del gobernador Andrés Granier es brindarle a la ciudadanía la certeza de que habrá resguardo, vigilancia, atención y coordinación en cada uno de los ocho eventos de la máxima fiesta de los tabasqueños, desde la presentación de las 17 embajadoras a los medios de comunicación hasta la clausura, así como en las actividades diarias.

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